Las claves del proceso que pide la inhabilitación del presidente de Perú
Lima, 12 nov (EFE).- La aprobación de un informe que pide que el presidente de Perú, Pedro Castillo, sea inhabilitado durante cinco años y se le acuse por el delito de traición a la patria inició este viernes un proceso que aún deberá cumplir con otros requisitos antes de su eventual votación en el pleno del Congreso.
UN PROCESO CON VARIOS REQUISITOS
La decisión tomada este viernes por la Subcomisión, con 11 votos a favor y 10 en contra, deberá ser enviada ahora a la Comisión Permanente del Congreso, que durante un plazo aún no determinado deberá analizarla y decidir si aprueba que pase al pleno.
Aunque algunos especialistas señalaron que este proceso podría aún demorar unos tres meses, la presidenta de la Subcomisión, la opositora Lady Camones, consideró la semana pasada que, en realidad, puede tardar unas tres semanas.
“La Subcomisión lo elevará a la Comisión Permanente donde, a su vez, entrará en un debate y votación. De aprobarse también, la Comisión designará a la Subcomisión de Acusaciones para que sustente en el pleno del Congreso, donde también se someterá a votación”, explicó Camones en el Canal N de televisión.
UNA DECISIÓN CONTROVERTIDA
Esta acusación ha generado desde el primer momento una marcada controversia entre políticos y juristas, ya que unos afirman que Castillo cometió “traición a la patria” al considerar que se podría someter a consulta la entrega de una salida al mar a Bolivia, y otros defienden que solo se trató de una opinión.
Durante la sustentación del informe, el congresista Diego Bazán, del partido opositor Avanza País, sostuvo que Castillo declaró en enero pasado a la cadena internacional CNN que “es un derecho del país de Bolivia el acceso al mar y que consultará a la ciudadanía” peruana sobre esta posible medida.
Bazán dijo que esto “pone en grave riesgo la integridad de la nación” y que las manifestaciones de Castillo “son susceptibles de reproche” y afectaron la soberanía nacional, ya que la Constitución establece que el presidente tiene por función dirigir la política exterior, así como celebrar tratados internacionales.
El legislador aseguró, además, que “no se busca sancionar en ningún momento el delito de opinión, sino determinar si en su condición de tal (Castillo) ha transgredido la Carta Magna”.
LA OPINIÓN DE CASTILLO
Castillo reconoció en enero pasado a CNN que reclamó el “mar para Bolivia” durante una conferencia de profesores de Latinoamérica a la que asistió en La Paz en 2018, cuando ni se planteaba ser candidato presidencial.
“No estoy diciendo que le voy a dar mar a Bolivia. Si los peruanos están de acuerdo, yo me debo al pueblo. Jamás haría cosas que el pueblo no quiera”, anotó.
El presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) ya cedió en 1992 a Bolivia una franja de 5 kilómetros llamada Bolivia Mar, en el puerto sureño de Ilo, una decisión que fue profundizada en 2010 por Alan García (2006-2011), que renovó, por un periodo de 99 años, una zona franca marítima, sin soberanía, para el país vecino.
Ahora, tanto los abogados de Castillo como sus ministros portavoces y los congresistas oficialistas afirman que el gobernante no tomó ninguna acción para implementar su opinión, por lo que consideran que la acusación debe ser desestimada por el Congreso.
El ministro de Trabajo, Alejandro Salas, adelantó que el Ejecutivo llevará este tema a la reunión que sostendrá con una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que llegará al país después de que Castillo pidiese que se aplique la Carta Democrática Interamericana, por considerar que en Perú “se ha iniciado una nueva modalidad de golpe de Estado”.
OTRO DENUNCIA EN PROCESO
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales también deberá pronunciarse en los próximos días sobre una demanda constitucional que presentó la fiscal general, Patricia Benavides, contra Castillo como presunto líder de una mafia corrupta en el Ejecutivo.
En concreto, lo imputa de ser el presunto autor de los delitos de organización criminal agravada por su condición de líder, tráfico de influencias agravado y cómplice del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión (fraude).
El Ejecutivo y la defensa de Castillo sostienen que el artículo 117 de la Constitución establece que el presidente solo puede ser acusado durante el ejercicio de sus funciones por cuatro casos concretos, entre los que figuran traición a la patria o impedir las elecciones, pero no por delitos de corrupción o comunes.