Presencia de Guardia Nacional de EEUU en la frontera intimida a migrantes
Ciudad Juárez (México).- El Gobierno de Texas desplegó a lo largo del borde del Río Bravo aproximadamente 400 elementos de la Guardia Nacional estadounidense, intimidando con esto a los migrantes que se ubican del otro lado del río, en Ciudad Juárez, en el norteño estado de Chihuahua, un día después de que el Tribunal Supremo anunciara que se mantiene de momento el Título 42, una norma sanitaria que permite la expulsión de la mayoría de migrantes.
Desde temprana hora, en la mexicana Ciudad Juárez, a lo largo donde usualmente se entregaban los migrantes para solicitar asilo había alambres de púas y los elementos de la Guardia Nacional de Texas llegaron con vehículos Hammer.
Una imagen impresionante e intimidante para los migrantes. Incluso los elementos militares, bajaron más cerca a la zona federal, un hecho que no se había presentado en esta frontera.
Este pasado fin de semana, Oscar Leeser, alcalde demócrata de la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, declaró el estado de emergencia debido a la llegada masiva de migrantes a la ciudad cruzando la frontera con México, esto como resultado de una crisis humanitaria.
Uno de los migrantes presentes en el lugar, el venezolano Luis Fernando Espinoza, declaró a EFE “Es algo racista lo que hace el Gobierno de Estados Unidos de militarizar la frontera. Uno quiere cruzar, cumplir su sueño de darle un mejor futuro a su familia”.
El Título 42, impuesto por el gobierno del expresidente Donald Trump como norma sanitaria durante la pandemia y mantenido por la actual administración, permite la devolución inmediata de la mayor parte de migrantes que buscan solicitar asilo en la frontera.
A mediados de noviembre, un juez federal en Washington D.C. ordenó al gobierno de EE.UU. poner fin al Título 42, y la norma se iba a levantar mañana.
Pero los fiscales de 19 estados reclamaron este lunes al Supremo que la mantenga, y el alto tribunal decidió dejarla de momento. En los próximos días, los jueces deben decidir si permiten o no que se congele la medida mientras un tribunal de menor instancia decide el caso.
Desde que entró en vigencia en 2020, la normativa ha permitido la expulsión acelerada de más de 2.7 millones de personas, según datos del International Rescue Comittee.