Caso New Business: precedente que puede ahuyentar a empresas que quieran licitar con el Estado
Mileyka Valdespino y Javier Collins / La Verdad Panamá
El caso New Business por supuesto blanqueo de capitales para la adquisición de un grupo de medios de comunicación, podría establecer un precedente que restrinja a las empresas que licitan con el Estado de tener actividades comerciales privadas, así lo expresó el abogado Isaac Brawerman a La Verdad Panamá.
El abogado y criminólogo plantea que, si una empresa recibe fondos públicos por contratos con el Estado, no significa necesariamente que todos sus fondos sean considerados públicos. Destaca la necesidad de distinguir entre los fondos públicos utilizados para otros fines, como el peculado, y los recursos privados de la empresa para realizar negocios independientes.
“Significaría entonces que ninguna empresa que tiene contratos con el Estado, o una empresa que licita, podría entonces hacer negocios privados para el resto de su vida”, indicó.
Sostuvo que una empresa que licita con el Estado recibe fondos públicos, pero es en contraprestación a los servicios que provee. Es decir, si una empresa se gana un contrato para hacer una carretera, el Estado le paga por hacer esa carretera. Explica que al Estado pagar a la empresa, pues ¿qué hace con esos fondos? los utiliza para sus operaciones y también para repartir dividendos. En el sentido de que paga con esos fondos recibidos, paga a planillas, paga a los proveedores, que son otras empresas privadas, y así mismo recogen ganancias los accionistas.
Brawerman se pregunta, ¿hasta dónde podemos decir que esos eran fondos públicos? Porque una vez ya se pagaron por un contrato público, entonces ya pasan a ser fondos privados. Una cosa es el contrato que tiene esa empresa con el Estado, el servicio que entregó y por el cual le fue pagado, y otra cosa es lo que la empresa haga con sus propios fondos.
Según la fuente, esto hay que verlo con lupa, y la jueza tiene que estar muy pendiente de distinguir entre lo que es usar fondos públicos para otros fines, que sería lo que se llama peculado, y otra cosa es usar fondos que ya son privados para entonces hacer cualquier otro tipo de negocio. Hay que distinguir eso porque sino, podría darse el caso de que cualquier empresa que licita con el Estado no pueda tener otro negocio más nunca que no sea con el Estado, porque entonces todos los fondos que utilice para otra cosa se podrían considerar fondos públicos.
La audiencia
En cuanto al desarrollo del juicio, Brawerman elogia el papel de la jueza, quien ha logró mantener el orden y equilibrio. Al principio fue un poco difícil por los incidentes y las incidencias que se presentaron entre las partes, pero posterior a eso ya superada esa etapa, manifiesta que el juicio ha transcurrido con normalidad, se le dio a cada uno el tiempo de presentar sus alegatos.
Justicia está sumisa ante el poder
La justicia está sometida y se deja dominar por la fuerza del poder aceptando, sin cuestionarlos, su autoridad y su voluntad. La Verdad Panamá preguntó al abogado Manuel Calvo, sobre sus consideraciones al concluir el juicio New Business y esa fue su conclusión.
Calvo dijo que la fiscalía se mostró sumisa durante la audiencia y se repite la historia de que el Ministerio Público, solicita condenas para personas basadas en testigos protegidos.
Criticó además la gran divulgación mediática para generar presión sobre los operadores de justicia. Explicó que esa presión debería ser soportada en un Estado de Derecho, pero lastimosamente existe un Órgano Judicial cómplice y sumiso ante el poder.
Destacó Calvo que todo lo que está pasando en este caso, como abogado litigante, enérgicamente le da lástima, pero nada le sorprende.
El sonado caso New Business, culminó la semana pasada, en medio de cuestionamientos hacía el Ministerio Público, por encubrir a los testigos protegidos, supuestas fichas claves en la investigación.
La investigación terminó tras nueve días de audiencia y la espera de unos siete años para su celebración, averiguaciones que comenzaron, tras denuncia que tuvieron su inicio en la Asamblea Nacional y que permitió encausar a 15 personas.
La juez Baloísa Marquínez se acogió al término de la ley que son treinta días, decisión que también dependerá de que reciba la transcripción de toda la audiencia y de la solución de algunos recursos presentados y que tienen que ser resueltos.