Doce personas han muerto a causa del dietilenglicol en lo que va del 2023
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
Doce personas han muerto en lo que va del año 2023 a causa del jarabe envenenado con dietilenglicol, medicamento para la tos que consumieron en el año 2006 y que diecisiete años después sigue provocando muerte y dolor en los hogares panameños.
Tan solamente ayer viernes, lamentable murió otro afectado, deceso que coincidió con una protesta de víctimas del expectorante para la tos adulterado y que provocó el envenenamiento masivo ocurrido en el año 2006 y que tras el paso de cuatro gobiernos, los perjudicados aún siguen exigiendo justicia.
El dirigente del Comité de Familiares de Víctimas por el Derecho a la Salud y la Vida (Cofadesavi), Gabriel Pascual dijo que la protesta se efectuó debido al incumplimiento de las autoridades a las reclamaciones de las víctimas.
Pascual dijo que actualmente la comisión que evalúa los expedientes de las víctimas, prácticamente es una comisión jurídica y no técnica médica que al parecer hasta es un apéndice de la Corte Suprema de Justicia, violando normas e irrespetando los derechos humanos de los afectados.
Esta comisión que está conformada por tres médicos de la Caja de Seguro Social, tres médicos del Ministerio de Salud y un funcionario de Ministerio de Economía y Finanzas que es abogado, está tomando decisiones en base a una interpretación que dio la Procuraduría de la Administración, negándole el derecho a las víctimas ya certificadas, denunció Pascual.
“La ley del dietilenglicol señala que cuando una persona ya certificada fallece, le corresponderá al viudo hacer el reclamo de ese derecho pero la comisión está negando todos los casos y eso es uno de los problemas que nos ha llevado al cierre de calles”, destacó el dirigente.
Dijo además que están reclamando un aumento a las pensiones, según la realidad actual del costo de la canasta básica, alto costo de la vida que enfrentan todos los panameños.
La pensión actual que reciben las víctimas de dietilenglicol es de 800 balboas mensuales y aspiran a que se les aumente 700 balboas y así elevarla a 1,500 mensuales, pero debido a la situación económica del país están solicitando en este momento 200 dólares para quedar en 1,000, señaló el dirigente.
Los pacientes también reclaman las atenciones médicas, citas y medicamentos y que hagan un acuerdo la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud porque la ley dice que deben trabajar de manera mancomunada.
Desde el 2006 hasta la fecha han muerto más de 800 personas, entre el primer grupo que reconoció el Ministerio Público y los que han muerto a lo largo de estos diecisiete años.
Actualmente 1,006 personas reciben la pensión en su mayoría afectados y otras 4,000 en lista para ser certificadas, mientras el gremio se encuentra luchando para que se reconozca el derecho que tiene el familiar sobrebiviente a recibir la pensión, reveló Pascual.
El 2 de octubre del año 2006, el Ministro de Salud de aquel entonces, Camilo Alleyne, reveló públicamente la muerte de seis personas que estaban afectadas por una enfermedad atípica que llamaron síndrome de insuficiencia renal.
Los primeros casos ocurrieron en agosto de 2006, pero no fue hasta septiembre que las autoridades médicas observaron un comportamiento inusual de las muertes producidas por esta enfermedad y en octubre se hizo el anuncio.
Posteriormente se descubrió que el síndrome era una intoxicación masiva a causa de un jarabe para la tos que era preparado en el laboratorio de la CSS, medicamento que fue mezclado con dietilenglicol, un refrigerante utilizado en la industria automotriz, en lugar de utilizar glicerina.
Este envenenamiento masivo es considerado el peor caso de intoxicación por dietilenglicol en el mundo.