Javier Collins Agnew / La Verdad Panamá
El abogado Ramiro Guerra sostuvo que el gobierno debe tomarse la mina Cobre Panamá y desplegar en el sitio un contingente de la Fuerza Pública, mientras  cuestionó al Ejecutivo por la falta de transparencia y comunicación al país, luego del fallo de inconstitucional del contrato ley que había firmado con el Estado.
A juicio de Guerra, existe una falta de   liderazgo en el país y hay un alto nivel de desinformación y lo peor y trágico es que la policía no se ha tomado la mina por instrucciones de las autoridades para salvaguardar los intereses de los panameños.
“El gobierno nacional no le informa al país lo que está ocurriendo y como no hay información, existen muchas conjeturas que tienen sentido y razón de ser, dijo.
“No hay transparencia así como no la hubo en el proceso de negociación con esa empresa. Hay mucha oscuridad y el tema no se ha manejado de la mejor forma, pareciera que ese es el estilo del gobierno del presidente Cortizo”, señaló.
El abogado recordó que el índice de transparencia de los países en América Latina, se mide en el manejo de la cosa pública y Panamá, marca como uno de los peores de la región.
Reiteró que el presidente no le habla al país, lo que provoca que se den conjeturas y especulaciones al extremo de que se dice que todavía allá se está sacando cobre y oro.
El gobierno no ha ordenado el ingreso de la Fuerza Pública que de seguridad y personal que brinde mantenimiento a la mina, señaló.
Guerra dijo que el establecimiento de un pie de fuerza en la mina es para garantizar el cuidado del lugar y que todo se mantenga en orden.
El jurista que criticó el ya inexistente contrato con la nación, pidió al gobierno estar vigilante para evitar cualquier trampa de esta empresa canadiense.
“Esos tipos  son facinerosos y ello a nivel mundial esta claro. Son unos tramposos y el gobierno se somete a todas estas cosas no”, sostuvo Guerra.
El gobierno debe garantizar que desde la mina no va a salir ningún mineral, crear una comisión de alto nivel y debe dar a conocer al país, cuál es el plan de cierre, destacó.
A juicio del abogado, la empresa le está faltando el respeto a la Corte Suprema de Justicia y al país al permanecer aún al frente de la mina.
La máxima instancia judicial del país declaró inconstitucional el 24 de noviembre de 2023 el contrato ley que había sido firmado y aprobado por la Asamblea Nacional, tras encontrar al menos una veintena de violaciones a la Constitución Política de la República de Panamá.