Exigen sanción ejemplar a Panamá Ports por “Bien Oculto”
Redacción La Verdad
De comprobarse el dolo en el ocultamiento de bien, por parte de la empresa portuaria Panamá Ports, por más de 72 millones de dólares en contra del Estado panameño, la sanción tiene que ser ejemplar y la recuperación inmediata, manifestó a La Verdad, el abogado Luis Fuentes Montenegro.
La acción debe ser efectiva para evitar que el denunciado apele a muchas vías que le permitan salir airoso en el ocultamiento, con graves perjuicios al país, sostiene el jurista, quien observa con suma preocupación la inacción de las autoridades en tantos años de estarse ejecutando el contrato en cuestión.
La firma de abogados, Pedro Meilán y asociados, interpuso una denuncia de “Bien oculto” en contra de Panamá Ports Company, S.A e igualmente promovió una denuncia ciudadana a efecto de que se investigue la posible lesión patrimonial al Estado por parte de esta empresa.
Resulta escandaloso que desde que se inició el contrato mediante la Ley 5 de enero de 1997, para el desarrollo, construcción, operación y administración de los puertos de Panamá y Cristóbal, esta empresa portuaria solo le ha pagado al Estado dividendos por un millón de dólares, habiendo transcurrido casi veinte años del otorgamiento de la concesión. Esto a pesar de haber acaparado el 58% del movimiento de contenedores del país.
Otros elementos incorporados a la denuncia que sugieren la figura del Bien Oculto, es que en 13 años, desde el 2003 hasta el año 2015, se gastaron casi mil 300 millones de dólares en lo que llaman, Costos de Servicios sin presentar ningún detalle. Solamente en el año 2015 fueron 197 millones. Esta ausencia de detalles demuestra una total falta de transparencia y rendición de cuentas hacia todos los accionistas de la empresa.
Observa Meilán en su denuncia que, mientras el Estado solo ha recibido dividendos por un millón en casi 20 años, la casa matriz ha estado recibiendo beneficios de inversión, a saber; 66 millones en intereses, 23 millones en honorarios de garantía y 59 millones en honorarios de administración y en lo que llaman “asignación de costos indirectos”.
Otro elemento a destacar es que la empresa no completó a tiempo la inversión de 500 millones a la que se había comprometido durante los primeros tres años luego de firmar la adenda número 1 al contrato de concesión.
Todo esto sumado a que la empresa muestra en sus estados financieros que tiene ganancias no distribuidas por 725 millones de dólares. No hay claridad sobre lo que espera hacer la empresa con estas ganancias.
Se estima como cuantía inicial del bien oculto, la suma de 72,578,400.00, en concepto del 10% del dividendo a que tiene derecho el Estado, el cual podría aumentar una vez pueda determinarse los ingresos reales de la empresa luego de las pruebas periciales idóneas.