Influenciadores del conflicto armado instrumentalizan las redes sociales en Colombia

Las redes sociales son usadas cada vez con más frecuencia por organizaciones ilegales en Colombia, especialmente por grupos como el Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de las FARC, para difundir propaganda y mensajes fraudulentos sobre el conflicto.

También publican contenido supuestos miembros de los Comandos de la Frontera, la Segunda Marquetalia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), entre otros.

En una plataforma como TikTok, en la que el usuario ‘enseña’ al algoritmo el contenido de su interés, es muy fácil conseguir que muestre publicaciones de supuestos guerrilleros, con mensajes de apología a grupos armados o incluso elogiando la producción de cocaína, con imágenes explícitas del proceso.

Todo esto acompañado de centenares de usuarios que comentan su interés en entrar en las filas guerrilleras o del narcotráfico. “Como (sic) hace una para ir a trabajar en eso?”, “quiero ingresar”, “como seria (sic) para ingresar” o “yo me quiero ir como es (sic)” son los más frecuentes.

La Policía y la Defensoría del Pueblo ya han alertado del peligro que estas campañas en las redes suponen para el reclutamiento forzado, especialmente de menores.

“Reclutar niños, niñas y adolescentes constituye un crimen de guerra y una grave infracción del Derecho Internacional Humanitario, las redes sociales no pueden convertirse en instrumentos de estímulo a estas prácticas”, denunció en abril pasado la consejera presidencial de Derechos Humanos y el DIH, Lourdes Castro García.

La Policía emitió un aviso sobre esta modalidad de reclutamiento, indicando que ya son 101 los menores captados por redes.

Lujo y violencia

Armas de largo alcance, productos de lujo, camionetas de último modelo o fajos de billetes y funerales pomposos son algunos de los elementos de los que presumen estos grupos para transmitir a los más jóvenes un mensaje distorsionado de ‘los botines de la guerra’ mientras glorifican la violencia y venden una idea de camaradería y pertenencia que, en las zonas rurales, encandila a quienes se sienten solos o sin futuro.

Una porción importante de ese contenido de guerra sale de los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo o Huila, según la ubicación que comparten los creadores, y donde se ha recrudecido la violencia en los últimos meses.

“El ruido, la desinformación, la contaminación les beneficia”, afirma Mario Morales, director del Observatorio de Medios de la Universidad Javeriana, quien considera que el uso de las redes sociales en el conflicto y en los procesos de paz en Colombia “ha sido particularmente decisivo, para bien y para mal”.

Por un lado, “buena parte de la información específica del conflicto ha llegado a través de las redes”, lo que permite mayor difusión, pero estas “son el escenario de ‘fake news’, de lenguaje de odio (…) el caldo de cultivo de odio y desinformación que genera este ambiente de confusión para el ciudadano común y corriente”, afirma.

“A través de las redes sociales se hace propaganda, ideologización” y, usualmente, los ciudadanos les otorgan una credibilidad “que no sabemos si se la merecen”, continúa Morales, quien destaca que utilizan la “emocionalización” para conectar con los que están del otro lado.

Delitos e ilegalidad

Las redes se han convertido en el escenario perfecto para la ilegalidad, ya que el control por parte de las plataformas no es exhaustivo y las autoridades todavía no han emprendido medidas más allá de las alertas emitidas. Aunque muchos videos son borrados por el propio TikTok por incumplimiento de sus políticas, otros permanecen.

Además del reclutamiento, utilizan las redes para ‘legitimar’ sus métodos, por ejemplo, la financiación, “en lo cual se cuidaban mucho los grupos insurgentes en el pasado”, pero ahora muestran el narcotráfico sin pudor, analiza el experto.

También es frecuente encontrar en este tipo de publicaciones mensajes del colectivo Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz, que denuncia el reclutamiento de menores y exige su liberación.

Es el caso de Jhojan Alexis Ramírez, reclutado el 21 de agosto en Jamundí (Valle del Cauca), o Melanie Cuchimba, reclutada en La Plata (Huila) el 6 de septiembre después de que su padre la dejara en el instituto.

“Tiene que existir una voluntad política de las autoridades” para “combatir estas manifestaciones y no dejarlas como lógicas del conflicto”, opina Morales, algo que se dificulta en el contexto de procesos de negociación, ya que “la perspectiva de paz a veces inhabilita las intenciones de contener este tipo de cosas”.

Foto EFE