Procuraduría de la Administración solicita a la DGI informe sobre denuncias de presunta defraudación fiscal
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
La Procuraduría de la Administración ha solicitado a la Dirección General de Ingresos (DGI) un informe explicativo sobre una serie de denuncias presentadas por el abogado Guillermo A. Cochez F., en las que se acusa a diversas empresas de presunta defraudación fiscal.
La solicitud fue emitida a través del procurador Rigoberto González Montenegro, quien detalló que las denuncias datan desde 2019 y no han sido debidamente investigadas por la DGI.
Según el escrito de Cochez, la primera denuncia fue presentada el 11 de diciembre de 2019, cuando Publio de Gracia ejercía como director general de la DGI.
En esta se señalaban posibles delitos de evasión, omisión, no retención y defraudación tributaria en contra de varias empresas, incluyendo Millicom International, Cellular Telecommunications Digitales (anteriormente Cable Onda, S.A.), Telecarrier, Inc., Fronteras Security, Medios de Comunicación, S.A., Empresa General de Capital, S.A., y MHC Holdings, Inc.
El denunciante sostiene que, a pesar de los indicios de irregularidades, la DGI desestimó rápidamente la denuncia inicial, mediante la Resolución 201-068 del 3 de enero de 2020, sin realizar una investigación exhaustiva.
Tras la negativa de la DGI, Cochez presentó varios recursos de reconsideración y nuevas denuncias entre 2020 y 2024, todas rechazadas por la entidad.
En la más reciente denuncia, presentada en marzo de 2024, Cochez insiste en la existencia de graves indicios de defraudación fiscal por parte de algunas de las empresas mencionadas, resaltando que el monto defraudado podría alcanzar los 74 millones de dólares.
El abogado también señaló que una de las empresas denunciadas, Empresa General de Capital, S.A. (Banco General), habría pagado correctamente sus impuestos, mientras que otras, como MEDCOM, no lo habrían hecho.
Ante la falta de respuesta por parte de la DGI, la Procuraduría ha solicitado al actual director general de la entidad, Camilo Valdés, un informe detallado de los hechos en un plazo de cinco días hábiles, con el fin de esclarecer la situación y determinar si existe responsabilidad por parte de las empresas implicadas.
Asimismo, se espera que el Ministerio Público tome cartas en el asunto y proceda con las investigaciones pertinentes, en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 347 del Código Judicial.
La comunidad empresarial y jurídica está atenta al desarrollo de este caso, que podría tener implicaciones significativas en materia de cumplimiento tributario en el país.