Concluye audiencia por presunto peculado en perjuicio del Banco Nacional y piden condena para ex gerente
La audiencia ordinaria efectuada por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales para determinar la comisión o no del delito de peculado en distintas modalidades –en perjuicio del Banco Nacional de Panamá (BNP)– culminó la tarde de este miércoles 27 de noviembre, luego de los alegatos finales de los representantes del Ministerio Público (MP), de la querella particular y de los abogados defensores públicos y particulares de las ocho personas imputadas. Esta audiencia se fundamenta en supuestas irregularidades cometidas en decenas de préstamos bancarios otorgados entre los años 2009 y 2011.
El MP, representado por los fiscales anticorrupción Ada Almanza y Ariel De Gracia, arrancó la etapa de alegatos en la que concluyó solicitando, para un primer grupo de cuatro personas (integrado por una exgerente y tres ex oficiales de crédito) condena por el cargo de peculado por malversación, en la modalidad agravada por su participación en los hechos investigados. Para los restantes (supervisores bancarios), la vindicta pública solicitó condena por peculado culposo, por incurrir en violaciones al manual de verificación de créditos.
La siguiente en el turno fue la querellante particular del BNP Leila Henríquez, quien se adhirió a la solicitud del Ministerio Fiscal en el caso del primer grupo, pero para los cuatro restantes solicitó a la jueza de la audiencia valorar el informe de auditoría elaborado por la entidad bancaria que no estableció responsabilidad sobre ellos en la causa investigada.
Luego les correspondió a los defensores de los imputados, entre los que estaban Fernando Peñuelas, Roummel Salerno, Alina Campos, Liborio García, Aldo Ayala y Raúl Almanza, presentar sus alegatos finales en los que solicitaron al juzgado que al momento de valorar los elementos de prueba presentados se dicte sentencia absolutoria. La mayoría de los abogados centró su defensa en la crítica a un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República, el que consideraron que no fue realizado por personal idóneo. Además, dijeron que el MPO no puedo establecer en el expediente de cuánto fue la supuesta lesión.
Al finalizar los alegatos, previa solicitud de uno de los abogados y tras cederle traslado a la Fiscalía Anticorrupción para que emitiera su opinión, la juzgadora otorgó la palabra a una de los ocho imputados para que se dirigiera al estrado.
Finalmente, anunció que el despacho a su cargo se acoge al término que dicta la ley para emitir una decisión, y que las medidas cautelares de reporte periódico e impedimento de salida del país que aún están vigentes se mantienen.
Esta audiencia se fundamenta en supuestas irregularidades cometidas en decenas de préstamos bancarios otorgados entre los años 2009 y 2011.