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Cien nuevas demandas por envenenamiento masivo

Un centenar de personas demandaron hoy al Estado por negligencia médica en el envenenamiento masivo que tuvo lugar hace más de una década en Panamá, provocado por un jarabe tóxico distribuido en 2003 por el seguro social del país.

Las 102 demandas fueron presentadas este miércoles ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia por el abogado Víctor Orobio, que el pasado febrero ya interpuso otro centenar de querellas por el mismo caso, en las que se exige una indemnización de 6 millones de dólares por cada víctima.

“La buena noticia para todos los envenenados es que la Corte Suprema de Justicia ha admitido decenas de demandas que en los próximos días van a ser enviadas a la Procuraduría General de la Administración, que es la institución que en primera instancia puede pronunciarse. Esta es una excelente noticia”, reconoció el letrado en declaraciones.

El envenenamiento, que se produjo por un jarabe con dietilenglicol, una sustancia altamente venenosa que se utiliza como refrigerante industrial, dio la vuelta al mundo y está considerado uno de los accidentes sanitarios más graves de la historia de Panamá.

El caso dio un inesperado giro en abril pasado cuando la Corte Suprema de Justicia revocó la absolución de cinco personas, entre ellas el exdirector de la estatal Caja del Seguro Social (CSS) René Luciani, y les condenó a 18 meses de cárcel.

En la sentencia original, que fue dictada en julio de 2016 e invalidada después por el máximo tribunal, solo fueron condenados cinco de los casi 30 imputados, lo que causó gran decepción entre las víctimas.

La historia se remonta a 2003, cuando la caja compró cerca de 9.000 kilos de supuesta glicerina pura a la empresa panameña Medicom, que a su vez adquirió la mercancía a la farmacéutica española Rasfer Internacional S.A., que la trajo desde China.

Con esa supuesta glicerina pura, el seguro social elaboró un jarabe para la gripe que resultó no ser apto para el consumo humano.

Las autoridades sanitarias distribuyeron por el país más de 200.000 frascos del “jarabe de la muerte”, pero no fue hasta 2006 cuando se empezaron a identificar los primeros casos de envenenamiento.

Según el comité de víctimas, hasta el momento se han reconocido cerca de 800 muertes y más de 1.300 afectados, entre los que hay más de 250 menores.