Presidente Mulino no puede esquivar su responsabilidad constitucional en la crisis que enfrentamos con Washington por el Canal de Panamá
El presidente de la República no puede bajo ningún pretexto despojarse de sus funciones jurisdiccionales y políticas conferidas por el voto popular y dejar recaer toda la responsabilidad en la junta directiva del Canal de Panamá, ante el conflicto existente con el gobierno de los Estados Unidos, dijo a La Verdad Panamá, el doctor Luis De León Arias, presidente de la Asociación Nacional de Juristas de Panamá.
En un análisis jurídico de la Constitución Política, el también decano de la facultad de Derecho de Columbus University, explica que la Carta Magna consagra que “El Canal de Panamá. constituye un patrimonio inalienable de la Nación panameña; permanecerá abierto al tránsito pacifico e ininterrumpido de las naves de todas las naciones y su uso estará sujeto a los requisitos y condiciones que establezcan esta Constitución, la Ley y su Administración”.
De igual forma se crea una persona jurídica autónoma, que se denominará Autoridad del Canal de Panamá. Como resultado de otorgarle personería Jurídica, para los efectos de su funcionamiento y operaciones, se nombra una Junta Directiva a cargo de la administración la cual está compuesta por once directores: Un director designado por el presidente de la República, quien presidirá la Junta Directiva y tendrá la condición de Ministro de Estado para Asuntos del Canal, un Director asignado por el Órgano Legislativo, nueve directores nombrados por el Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Gabinete y ratificados por el Órgano Legislativo.
Sostiene De León Arias que, de acuerdo con la composición de la denominada Autoridad del Canal de Panamá, sin asomo de duda, la mayoría de los altos funcionarios que integran esta Institución responden, en grado de subordinación jurídica y política al Presidente de La República, unidad nominadora, Jefe de Estado.
De lo dicho se desprende, con alcance en la Constitución de la República que “el presidente de la República no puede bajo ningún pretexto despojarse de sus funciones jurisdiccionales y políticas conferidas por el voto popular y dejar recaer toda la responsabilidad del conflicto que se genera por las declaraciones del Presidente De EEUU, Donal Trump, refrendadas por su Secretario de Estado, las cuales evidentemente lesionan nuestra Soberanía como Estado libre y el potencial recurso estratégico de nuestra ubicación geográfica”.
Asegura que el Presidente de la Republica debe liderar esta gran cruzada en defensa del honor de nuestra República, su pueblo y al respeto de nuestra identidad nacional. El problema de los EEUU evidentemente lo representa el Tratado Torrijos Carter que Panamá declara la neutralidad del Canal de Panamá, que señala que, tanto en tiempo de paz, como en tiempo de guerra, éste debe permanecer seguro y abierto para el tránsito pacífico de las naves de todas las naciones, en términos de entera igualdad, de modo que no haya contra ninguna nación, ni sus ciudadanos o súbditos discriminación alguna.
Este principio de la neutralidad es una institución que consiste en el Derecho que tiene todo Estado de no participar en una guerra Internacional, manteniendo una conducta imparcial con respecto a los beligerantes. A la luz de todo lo anterior y en defensa del honor de nuestra patria, debemos dictar la Proclama de la Unidad Nacional, ya que, de haber abstención, fundados en resentimientos o egoísmos. “Les profetizo que seremos juzgados por las futuras generaciones, como mediocres, cobardes y carentes de valores y sentenciados por lo que nuestras conductas puedan ocasionar a la Nación”.