Advierten que el contrato entre el Estado y Panamá Ports Company está repleto de inconstitucionalidades
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
El abogado constitucionalista Francisco ‘Paco’ Carreira advirtió que el nuevo contrato entre el Estado panameño y la empresa Panamá Ports está lleno de inconstitucionalidades y debe ser revisado con detenimiento.
Según Carreira, el contrato establece demasiadas obligaciones para el Estado en beneficio de la empresa privada, lo que pone en entredicho su legalidad.
«Hay varios temas cuestionables. Se están otorgando concesiones excesivas a esta empresa, y también hay dudas sobre el período de duración del contrato. Además, el estudio de impacto ambiental es un punto clave que no ha sido abordado de manera clara», expresó.
El abogado también señaló que este contrato restringe la competencia al no permitir la entrada de otros actores en el negocio portuario. «No se está garantizando un mercado abierto. Es un problema que limita el desarrollo y afecta los intereses del país», agregó.
Carreira hizo referencia a la postura del procurador de la Nación, Luis Gómez, quien ya ha señalado que el contrato podría ser inconstitucional, tras citar varios artículos de la Constitución que podrían estar siendo violados.
«Es exactamente el mismo escenario que vivimos con el contrato minero, y ahora la Corte Suprema de Justicia tendrá que decidir», subrayó.
Sobre el impacto económico y la seguridad jurídica del país, el abogado reconoció que existe una inversión realizada, pero indicó que eso no puede ser excusa para avalar un contrato con vicios de inconstitucionalidad.
Descartó que el contrato esté directamente vinculado con la influencia de China en el Canal desestimando teorías que sugieren una relación entre ambos temas. «Son asuntos completamente separados. Debemos centrarnos en lo que realmente importa: garantizar que los contratos sean justos y constitucionales», concluyó Carreira.
El Procurador Luis Gómez en una opinión contundente manifestó que la Ley No. 5 de 16 de enero de 1997, que aprueba el contrato entre el Estado panameño y la empresa Panama Ports Company, S.A., para la administración de los puertos de Balboa y Cristóbal, contraviene múltiples artículos de la Constitución Política de la República de Panamá.
Según el dictamen de la Procuraduría General de la Nación, dicha ley vulnera disposiciones fundamentales relacionadas con la separación de poderes, la igualdad ante la ley, el debido proceso, la libre competencia, el régimen económico y la administración de los bienes del Estado.
En este sentido, Gómez enfatizó que la normativa en cuestión infringe los artículos 2, 19, 32, 50, 52, 109, 118, 119, 120, 159, 166, 258, 259, 266 y 298 de la Carta Magna.
“El contrato otorgado a Panama Ports Company, S.A. es inconstitucional, por lo que solicito al Pleno de la Corte Suprema de Justicia que así lo declare al momento de pronunciarse sobre la presente acción de inconstitucionalidad”, señala la demanda de inconstitucionalidad.
Tras la opinión del procurador, el expediente empieza a ser analizado por los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que deberán evaluar los argumentos presentados por la Procuraduría y otras partes interesadas en el caso.