Pasa a segundo debate proyecto que inhabilita por corrupción
El denominado proyecto de ley “muerte civil”, que inhabilita a los servidores condenados por delitos de corrupción, fue aprobado en primer debate en la Comisión de Gobierno.
La iniciativa de Ley 597, que modifica el Código Penal, tiene como objetivo evitar que cualquier persona condenada por delitos contra la administración pública pueda volver a ocupar funciones públicas o adquirir contratos con el Estado.
Dispone que, cuando se trate de personas condenadas por delitos contra la administración pública, la inhabilitación para ejercer funciones públicas deberá ser aplicada de manera obligatoria por el juzgador.
Entre las modificaciones se establece que la pena accesoria es consecuencia de la pena principal. En su aplicación, el juzgador deberá seleccionar entre las penas accesorias, según la gravedad o naturaleza del delito, la que tenga relación directa con el delito o la que contribuya a evitar el peligro para los derechos de las víctimas.
La diputada Ana Matilde Gómez dijo que la propuesta presentada por la sociedad civil fue ampliamente consultada con diferentes sectores, como la Cámara de Comercio e Industria de Panamá, Procuraduría de la Nación, Procuraduría de la Administración, entre otros.
Por su parte, el diputado Leandro Ávila indicó que a los accionistas de empresas que se les compruebe su participación en actos de corrupción también deben aplicárseles una “muerte civil” y, además, no puedan ser contratados nuevamente por el Estado.
En otro punto, la Comisión de Gobierno también conformó una subcomisión para el análisis del proyecto de Ley 258, que crea la Jurisdicción Especial de Extinción de Dominio, que es una consecuencia patrimonial de las actividades ilícitas. Integran la unidad en mención, los diputados Leandro Ávila, José Muñoz y la preside Ana Matilde Gómez.