Jueza bajo sospecha: retarda fallo favoreciendo a acusado de estafa millonaria
Javier Collins Agnew / La Verdad Panamá
Un caso repleto de irregularidades judiciales de encuentra empantanado en el Órgano Judicial, mientras una familia clama justicia por haber sido despojada de una herencia millonaria.
La jueza Ericka Amores ha mantenido congelado el expediente por más de una década, permitiendo que la impunidad campee a sus anchas.
La gran traición: herederas burladas, justicia paralizada
La querella penal, interpuesta por la firma Austin & Asociados en nombre de Rossana Flórez de Betanov, revela un elaborado esquema de estafa y traición familiar.
El señalado: Pedro Eddy Flórez Varela, quien habría utilizado su posición como apoderado para montar una operación de despojo, disfrazada de legalidad, a través de la empresa Suplidora Highland, S.A.
La finca en Cerro Punta, Chiriquí —valorada en más de un millón de balboas— fue transferida por la ridícula suma de B/.1,000.00.
El ardid incluyó la inscripción del terreno en una sociedad en la que el propio querellado funge como secretario, actuando como vendedor y comprador en un mismo acto, según señala el abogado.
Pero lo más grave no es el delito. Es la protección desde el estrado.
La jueza Ericka Amores: ¿cómplice o negligente?
Según el abogado Marcos Austin, el verdadero escándalo no está solo en la estafa, sino en el papel de la jueza Ericka Amores, quien habría actuado como una pieza clave en la dilación sistemática del caso de sucesión.
«Estamos frente a una denegación de justicia escandalosa. La jueza Amores se ha convertido en un muro infranqueable para las víctimas. Llevamos más de cinco años esperando un fallo de adjudicación que nunca llega», denunció el jurista.
Y eso no es todo. Amores —alegando tecnicismos— ha recibido entre cinco y seis incidentes por año de personas que ni siquiera forman parte del proceso, todos misteriosamente favorables a Pedro Eddy Flórez Varela.
Un desfile de papeles innecesarios que solo han servido para entrampar el expediente y eternizar el dolor de las herederas.
Una denuncia formal al más alto nivel
Cansado de la impunidad, el abogado Austin presentó el pasado 8 de julio una denuncia formal contra la jueza ante la Unidad Especial de Investigación de Integridad y Transparencia del Órgano Judicial.
La acusación fue recibida por el magistrado José Luis Alfaro de León y registrada con el número de archivo 809.
La denuncia está respaldada con un arsenal de pruebas:
Copias del Auto No. 33 de 10 de enero de 2014 que admite la sucesión testada.
Certificado de defunción del causante Pedro Eddy Flórez Beitia.
Testamento original, certificaciones de la ANATI, poderes notariales, resoluciones judiciales y documentos de oposición.
Todos apuntan a un patrón de favoritismo judicial que ha permitido que el expediente 386-13 se hunda en el letargo.
El expediente del olvido
El proceso de sucesión, iniciado en 2013, ha sido objeto de una serie de maniobras dilatorias inexplicables.
La jueza Amores, en vez de impartir justicia, ha optado por cambiar de juzgado, lavándose las manos ante el desastre que deja atrás.
«Lo peor es que ya presentamos una denuncia previa ante el Tribunal de Transparencia y no pasó nada. ¡Nada! ¿Qué más tiene que pasar para que se actúe contra esta jueza?», exclamó Austin con evidente frustración.
¡Basta de impunidad judicial!
Las herederas legítimas han sido empujadas a años de espera, mientras observan cómo el sistema protege al presunto estafador y castiga a las víctimas que tienen el único propósito de hacer cumplir la voluntad de su padre en el testamento.
«Esto no es solo una estafa. Es una traición del sistema judicial al pueblo panameño», sentenció Austin.