González De La Lastra cuestiona severas fallas de la Autoridad Marítima y Contraloría en el seguimiento de concesión portuaria
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
El experto en temas marítimos, Carlos Ernesto González De La Lastra encendió las alarmas al advertir sobre las graves fallas en el seguimiento y fiscalización del contrato de concesión portuaria, señalando directamente a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y a la Contraloría General de la República como los principales responsables de las omisiones que, según sus palabras, han puesto en evidencia un preocupante nivel de irregularidades.
González De La Lastra sostuvo que el tema debe ser tomado con la mayor seriedad, advirtiendo que «definitivamente ha habido una falla muy grande de seguimiento de las comisiones del contrato por parte de la Autoridad Marítima y de la Contraloría».
De acuerdo con el especialista los procesos de verificación de cumplimiento han sido insuficientes, y la Contraloría, a pesar de contar con los procedimientos estipulados en el contrato, no ejerció su rol de fiscalización con el rigor necesario. «Los acuerdos son para cumplirse», enfatizó.
Respecto al rol de la AMP, González De La Lastra recordó que la institución es la responsable del sistema portuario del país y que, conforme lo establece la Constitución, los puertos son propiedad del Estado.
«Uno puede concesionar la operación de los puertos, pero no la propiedad de los puertos», puntualizó, dejando claro que corresponde a la Autoridad Marítima velar por el cumplimiento de todos los acuerdos de concesión, apoyándose, por supuesto, en la herramienta fundamental que representa la Contraloría.
González De La Lastra el principal referente en temas marítimos explicó que el contrato establecía de manera clara que no se podía renovar la concesión si no existía un dictamen de cumplimiento por parte de la Contraloría sobre las obligaciones contractuales del concesionario.
«Lo que se pone en evidencia es que tanto la Autoridad Marítima como la Contraloría han fallado en su disposición legal de ser fiel custodio de los arreglos económicos que tiene el Estado», señaló con firmeza.
Sobre el camino a seguir ante estas revelaciones, De La Lastra fue enfático: «Lo que toca es seguir el procedimiento legal. No se puede emitir un juicio a la ligera. Simplemente, hay que actuar conforme a la ley».
Además, González De La Lastra no dudó en señalar que existen muchas personas responsables de la situación actual. «Eso lo sabemos perfectamente. En las últimas cuatro administraciones de la Autoridad Marítima se han cometido demasiadas irregularidades», denunció.
Según él, el nivel de corrupción dentro de la AMP ha trascendido los límites establecidos por la normativa vigente.
A pesar de este sombrío diagnóstico, expresó un matiz de optimismo al considerar que actualmente la Autoridad Marítima cuenta con un director que podría marcar la diferencia. Si bien no mencionó su nombre de forma precisa, manifestó: «Gracias a Dios hoy tenemos un tipo como director de la Autoridad Marítima que, espero, hará su trabajo».
El llamado es claro: cumplir con la ley, investigar a fondo, y garantizar que las concesiones otorgadas sobre los puertos del país respeten los intereses de la nación.
Estado dejó de percibir más de 1,200 millones de dólares
La reciente auditoría realizada por la Contraloría General de la República ha destapado un escándalo de presuntas irregularidades en la concesión portuaria que le habría costado al Estado panameño una pérdida superior a los 1,200 millones de dólares, según las estimaciones preliminares.
El contralor general de la República, Anel Flores, detalló que las extensiones fiscales otorgadas de forma desmedida contribuyeron significativamente a este perjuicio económico.
«Muchos malos pnameños entregaron lo que no tenían que entregar, negociaron muy mal en perjuicio de la República.
«Nos dieron una propina«, sentenció el contralor, refiriéndose a los movimientos de contenedores que no fueron debidamente reportados y que se convirtieron en ingresos no percibidos para el país.
Desde el ámbito jurídico, el expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, advirtió que este tipo de situaciones requiere máxima prudencia. «Las declaraciones públicas sin denuncias formales no aportan nada al país».
Señaló que los temas contractuales de Estado deben ser manejados muy cuidadosamente para no transmitir condiciones de anormalidad en la ejecución de un contrato», expresó Araúz.
Por su parte, el abogado Pedro Meilán recordó que estas irregularidades ya se habían señalado en administraciones anteriores.
«Se denunció en su momento que había una gran cantidad de costos que no parecían correctos […] verifiquen ambas auditorías, la del contralor anterior y la del actual. La diferencia es abismal», afirmó Meilán, quien destacó la gestión del gobierno de Martín Torrijos con el ministro Alejandro Ferrer, fue el único que logró capturar 102 millones de dólares como parte de las acciones correctivas.
Ante el hallazgo de estas supuestas anomalías, el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, solicitó al contralor Flores una copia autenticada del informe de auditoría para iniciar de oficio una investigación.
«Se destaca el uso de tercerización de servicios como mecanismo para reducir las utilidades reportadas al Estado panameño y se dejó de percibir un monto aproximado de 1,200 millones de dólares producto de incentivos y beneficios fiscales», señaló Gómez, enfatizando la gravedad de la situación.