Javier Collins Agnew /La Verdad Panamá
Las recientes acciones de la Contraloría General de la República, en particular las denominadas búsquedas colectivas de «botellas» en la Asamblea Nacional  han generado una ola de críticas desde el ámbito jurídico.
Los abogados Juan Carlos Araúz, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, y el jurista Luis Fuentes Montenegro, coincidieron en advertir sobre las consecuencias negativas que podrían derivarse de estas prácticas, tanto en la institucionalidad del país como en la estabilidad política.
La contraloría decidió esta quincena suspender los pagos electrónicos de los salarios de los trabajadores en la Asamblea Nacional, situación que provocó malestar entre los miles de trabajadores de este órgano del estado.
“Estoy en desacuerdo con la búsqueda colectiva. Esa forma los operativos de pesca sólo producen casos mediáticos”, manifestó Aráuz, subrayando que la Contraloría debería fortalecer mecanismos más efectivos como líneas telefónicas o correos electrónicos para recibir denuncias ciudadanas.
“En mi opinión, serían más efectivos que estos mecanismos utilizados. No creo que para la institucionalidad del país favorezca este tipo de métodos. La propia institución se genera una forma accidentada de trabajo”, puntualizó.
Por su parte, Fuentes Montenegro consideró que estos procedimientos, si no se manejan con rigor y sustento legal, pueden acarrear consecuencias más graves. “Es una situación que puede desencadenar en hechos mucho más graves, pues genera descontento, protestas, caos”, advirtió.
El jurista atribuyó la decisión de la Contraloría a una posible falta de consulta previa con la administración del Parlamento.
“La Contraloría puede suspender los pagos si esa medida está sustentada en elementos de pruebas previas, pero no en base a supuestos«, destacó Fuertes Montenegro.
Además, debió haber consultado de antemano a la administración de la Asamblea Nacional. «Recordemos que el Parlamento no es una entidad más; representa uno de los tres órganos del Estado”, recalcó.
Fuentes Montenegro añadió que, siendo la Asamblea un órgano del Estado, podría argumentarse que existe una intromisión en sus asuntos. “Pero calificarla como tal alegremente no sería prudente. Si configura intromisión, entonces los diputados pueden emprender un proceso sancionatorio contra el contralor”.
Ambos juristas coincidieron en que la tensión creciente entre órganos del Estado puede agudizar una situación ya de por sí delicada para el país.
“El Ejecutivo se halla frente a problemas y más problemas, parece una máquina para producir caos y descontento por muchos lados”, dijo Fuentes Montenegro.
“Si a ese panorama se suma un diferendo radicalizado con el Legislativo, la situación entonces puede desencadenar muy mal y con medidas muy radicales de parte y parte, que van a afectar la gobernabilidad e institucionalidad más de lo que ya se halla afectada”, concluyó.