Parlamento y Supremo, en la mira de eventual proceso constituyente

El Gobierno inicia hoy las consultas políticas para determinar los apoyos que tendría un eventual proceso constituyente en el que impulsaría, entre otros, reformas en la composición de la Asamblea Nacional y al sistema de elección de los jueces del Supremo.

Esos dos temas, además de elevar a rango constitucional la descentralización, son los que el jefe del Estado, Juan Carlos Varela, cree que puntualmente “tienen que verse en un proyecto de reforma” a la Carta Magna vigente desde 1972, reveló el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán.

Precisó que este lunes inicia el proceso de consultas políticas, anunciado el sábado pasado por Varela, sobre la viabilidad o no de una Constituyente, con una reunión con la directiva del minoritario partido Molirena (Movimiento Liberal Republicano Nacionalista).

Sobre los cambios a la Constitución, Alemán dijo que el Gobierno considera que hay tres temas puntuales, lo que no significa que no haya otras modificaciones que sean necesarias en el texto fundamental.

Respecto a la reforma a la composición de la Asamblea Nacional, el ministro explicó que la idea sería que un número, aún no determinado, de los 71 escaños, sean diputados nacionales o provinciales.

Actualmente los diputados se eligen por circuitos electorales y la propuesta de que sean, al menos una parte, nacionales o provinciales, busca “eliminar un poco el clientelismo”, dijo Alemán.

“Hay que mejorar la calidad del debate legislativo (…) yo creo que ese es un sentimiento no solo del Gobierno si no de grandes sectores de la sociedad”, afirmó el ministro de la Presidencia en una entrevista con la televisión local.

El otro tema puntual a incluir en un proceso de reforma constitucional, en este caso vía Asamblea Constituyente, es “modificar el modo de escoger a los magistrados” de la Corte Suprema de Justicia, dijo Alemán.

La Constitución actual dicta que los jueces del Supremo son elegidos por el presidente del país y ratificados por la Asamblea Nacional, y el cambio de ese método ha sido un reclamo de la sociedad civil desde hace años.

La no ratificación en diciembre pasado de dos nominadas por Varela a magistradas del Supremo dejó en evidencia la ruptura del llamado pacto de gobernabilidad entre el Gobierno de Varela, con minoría en el Parlamento (16 diputados), y el Partido Revolucionario Democrático (PRD), la bancada opositora mayoritaria (26 escaños).

“Darle rango constitucional a la descentralización”, que arrancó en enero de 2016 con la entrada en vigor de la Ley 66 de 2015, es el otro asunto que impulsaría el Gobierno en el marco de las reformas a la Carta Magna, dijo el alto funcionario.

La Ley 66 de 2015 da más autonomía a la gestión municipal y distribuye entre los 78 municipios del país y las 5 comarcas indígenas la recaudación nacional del impuesto de bienes inmuebles y otros fondos estatales.

Alemán precisó que la ronda de consultas que inicia este lunes se desarrollará hasta junio próximo con reuniones con los 7 partidos políticos legalmente constituidos, además de gremios empresariales, rectores universitarios y entes de la sociedad civil.

De esas consultas saldrá un informe que se presentará a Varela, quien entonces decidirá si presenta o no “en julio” a la Asamblea Nacional para su ratificación un proyecto relativo a la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

Respecto a las críticas casi unánimes de los partidos de oposición sobre lo tardío de la propuesta con miras a una Constituyente, Alemán reiteró lo ya dicho por Varela: que los primeros 4 años, de los 5 del Gobierno, se dedicaron enteramente a “restaurar la institucionalidad y los proyectos de gobierno abandonados o con muchos problemas”.

Los reproches sobre el momento en que el Ejecutivo ha puesto en la palestra el tema constituyente devienen del hecho de que Varela prometió, durante la campaña que lo llevó al poder, impulsar reformas constitucionales en sus dos primeros años de mandato.

“¿Hay algún buen momento para sacarse las 4 muelas del juicio?”, preguntó Alemán, y añadió que “siempre va a haber un debate sobre” la conveniencia o no del momento de proponer cambios constitucionales, pero que el Gobierno siente que el actual es el adecuado.