Choque institucional: Abogados advierten que acciones del contralor violan la Constitución y le piden que presente las denuncias
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
Las acciones emprendidas por la Contraloría General de la República contra la Asamblea Nacional están generando un conflicto, que a juicio de expertos en derecho, contraviene el orden constitucional y amenaza la estabilidad institucional del país.
El abogado Luis De León Arias, analizando el conflicto desde la óptica constitucional, sostuvo que el enfrentamiento entre la Contraloría y la Asamblea debe abordarse desde la hermenéutica jurídica, es decir, la interpretación del alcance real de las normas jurídicas que otorgan funciones jurisdiccionales a los distintos órganos del Estado.
De León recordó que las funciones de la Contraloría están definidas en el artículo 276 de la Constitución Política de la República de Panamá, citando específicamente los ordinales 3 y 4 de dicha disposición.
Según explicó, dichos numerales establecen que corresponde a la Contraloría examinar, intervenir y fenecer las cuentas de los funcionarios públicos, entidades o personas que manejen fondos o bienes del Estado, así como realizar inspecciones e investigaciones tendientes a verificar la corrección de las operaciones que afecten el patrimonio público.
En caso de hallazgos, la Contraloría tiene la facultad de presentar las denuncias correspondientes.
“De lo antes citado se desprende, sin ningún asomo de duda, que la Contraloría por mandato constitucional tiene la obligación de fiscalizar, regular y controlar todos los actos de manejo de los fondos o patrimonio del erario, a fin de que se realicen con transparencia, según los parámetros establecidos en la Ley”, indicó De León.
No obstante, subrayó que esta función debe ejercerse con el debido respeto, “sin contravenir el artículo 2 de la Constitución Política que regula nuestro Estado de Derecho”.
Al profundizar en la naturaleza del conflicto, el jurista advirtió que la metodología empleada por la Contraloría en su intervención contra la Asamblea Legislativa contradice dicho artículo 2, que establece la separación e independencia de los órganos del Estado, los cuales deben actuar bajo el imperio de la ley, pero en armónica colaboración.
“Calificamos de intervención arbitraria la actuación de la Contraloría, al desconocer que el Órgano Legislativo, Poder del Estado, tiene su presidente, la cual debió ser considerada conforme a reglas jurídicas y principios constitucionales”, dijo el abogado.
A su juicio, este tipo de confrontaciones puede poner en riesgo la tranquilidad y la paz que el país necesita, al generar crisis en el desarrollo de las políticas públicas y afectar seriamente la institucionalidad del Estado.
En su llamado a la sensatez, De León recordó que la función de la Asamblea Legislativa es la de expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones del Estado. “Los conflictos generados entre los poderes del Estado son las causas que dan origen al levantamiento de los pueblos”, advirtió con firmeza.
Por su parte, el abogado y diplomático Guillermo Cochez ofreció una perspectiva más crítica del estilo y forma en que el contralor ha ejecutado su ofensiva contra la Asamblea.
“En Panamá hay un doble sentimiento: uno que quiere justicia, porque no ha habido, y entonces aplaude lo que hace el contralor porque quiere que se ponga orden en la Asamblea; pero hay otro que dice que no se va a hacer nada. Ese es el problema: tantas veces se han denunciado botellas y no se ha hecho absolutamente nada”, expresó.
Cochez también cuestionó fuertemente las expresiones públicas del contralor, señalando que su comportamiento ha rayado en lo irrespetuoso.
“Ese comportamiento del contralor de llamar a una diputada ‘batallonera’, o decirle a otra que vuelve a la Asamblea y llamar a otra que ‘no es santita’, eso demerita cualquier trabajo que haga”, afirmó.
A su juicio, el contralor ha fallado en uno de los aspectos más importantes de su gestión: rendir cuentas sobre su antecesor.
“Se le pidió que debió haber comenzado revelando todas las cosas horribles que debió haber encontrado de su antecesor, Gerardo Solís, y no ha dicho una palabra sobre lo que hizo Solís al frente de la Contraloría. Es como si hubiera un pacto entre los dos”, denunció.
Si bien reconoció que aplaude toda acción dirigida contra la corrupción, expresó su profunda preocupación sobre la efectividad real de estas maniobras mediáticas.
“Tantas veces se hacen esos aspavientos de que se va a investigar, y termina en nada, porque se topan con muchos gamonales y con gente importante que jalan las orejas y dicen: ‘¡Con este no te metas!’”, lamentó.
Por su parte el expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, señaló que el contralor Anel Flores incurrió en una falta grave al desatender el respeto institucional que debe prevalecer entre los órganos del Estado.
“El Contralor se excedió y cometió una falta que debería ser denunciada por la Presidenta de la Asamblea ante la Procuraduría de la Administración”, afirmó Araúz.
Explicó que este tipo de conductas no solo afectan la imagen del ente fiscalizador, sino que alteran el equilibrio entre las instituciones democráticas.
Para el jurista, la actuación del contralor debe ser examinada en el Pleno legislativo: “De igual forma debería ser citado por el Pleno de la Asamblea. Existe un deber de respeto institucional que el Contralor no debió desatender”.
Araúz advirtió que no se puede justificar el cumplimiento del deber de fiscalización con conductas que se alejen del marco legal.
“No se puede pretender cumplir el deber de fiscalización con excesos o apartado de la estricta legalidad”, concluyó.
El conflicto entre ambas instituciones ha generado una ola de reacciones en el ámbito político y jurídico del país, reavivando el debate sobre los límites del control fiscal y la autonomía del Órgano Legislativo.