Martinelli seguirá bajo jurisdicción del Supremo en caso escuchas ilegales

El expresidente Ricardo Martinelli seguirá enfrentando el proceso por supuesto espionaje político bajo la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia, que no perderá competencia para ventilar su caso aunque su renuncia como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) se haga efectiva.

Así lo determinó la madrugada de este martes el magistrado juez de Garantías de la causa, Jerónimo Mejía, al final de la primera fase de una audiencia intermedia de acusación solicitada por el magistrado fiscal, Harry Díaz.

La audiencia comenzó pasadas las 18.00 hora local (23.00 GMT) del lunes, con más de 9 horas de retraso, por la negativa de Martinelli de asistir argumentando que el Supremo había perdido la competencia para juzgarlo por su renuncia al Parlacen, y que la causa debía pasar a los tribunales ordinarios.

“Este magistrado (…) niega la petición de la defensa de declinar la competencia (en un tribunal ordinario) solicitada por la defensa”, dijo Mejía.

Tras una prolija argumentación legal, explicó que en el marco del nuevo Sistema Penal Acusatorio (SPA) la presentación del escrito de acusación por el fiscal, el 9 de octubre de 2015, cuando Martinelli era indudablemente diputado, radicó la “competencia” de forma “definitiva” en el Supremo y que esto no variará aunque la renuncia de su condición de diputado se haga efectiva.

Indicó que tras revisar los papeles que le entregó la defensa “todo indica que jurídicamente el señor Martinelli sigue siendo a las 00.03 horas del día de hoy (martes) diputado” de Parlacen, dado que no existía una “declaratoria de vacancia” por parte del organismo regional.

Tras emitir su resolución sobre la competencia de la Corte Suprema, Mejía suspendió la audiencia cerca de las 01.00 hora local del martes (06.00 GMT) y programó para el próximo miércoles su retoma, para evacuar alegaciones y otros asuntos planteados por la defensa.

Mitchell Doens, exsecretario general del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) y supuesta víctima de las escuchas ilegales, afirmó que Mejía presentó una “argumentación contundente desde el punto de vista legal” para determinar que el proceso sigue bajo competencia de la Corte Suprema.

Carlos Carrillo, abogado defensor, dijo a los periodistas que esto no ha acabado y que presentarán los recursos correspondientes, pese a que Mejía no le concedió una apelación contra su decisión de este martes.

Luis Eduardo Camacho, vocero de Martinelli, afirmó que este es un “proceso político” y que lo que se busca es que el exgobernante “se muera en el juicio”, debido a la supuesta mala atención médica que recibe por sus males crónicos, entre ellos la hipertensión.

En una intervención en la audiencia, Martinelli afirmó que se sentía físicamente muy mal y que estaba casi “que teniendo un infarto”, pero que pese a ello fue trasladado para la diligencia.

“Yo no creo que usted desee mi muerte, se que me odia, no sé por qué”, le dijo el expresidente a Mejía, al desacreditar la opinión del médico de la cárcel, quien tras realizarle una serie de exámenes este lunes decidió que su vida no corría peligro y podía afrontar la audiencia.

Martinelli fue trasladado a finales de la tarde del lunes a la sede del Supremo para esta audiencia bajo fuertes medidas de seguridad desde la cárcel El Renacer, ubicada en las orillas del Canal de Panamá.

El expresidente, de 66 años, se enfrenta con una pena de hasta 21 años de cárcel por los 4 tipos penales que involucra el proceso de las interceptaciones ilegales a más de un centenar de personas en su mandato (2009-2014), según con el escrito de acusación del fiscal.

Martinelli se fue de Panamá el 28 de enero de 2015, mismo día que le fue abierta la primera de cerca de 10 causas penales por el Supremo, aunque solo podrá ser procesado por las escuchas ya que fue extraditado bajo el principio de especialidad previsto en un tratado bilateral de 1905.

Actualmente está detenido en la cárcel de mínima seguridad El Renacer desde el pasado 11 de junio cuando llegó extraditado de EE.UU., donde estuvo preso un año en razón del pedido de extradición por el caso de las escuchas.