Argentina: polémico proyecto para dar más poder a las Fuerzas Armadas

“Estoy acá porque queremos saldar la deuda que tenemos con las Fuerzas Armadas de la democracia”.

Desde Campo de Mayo, una de las bases militares más grandes del país, el presidente argentino, Mauricio Macri, anunció este lunes una “nueva directiva de política de Defensa”.

La idea, dijo, es preparar a los militares para las amenazas del siglo XXI, que según el gobierno argentino ya no son otros Estados, sino fenómenos como “el narcotráfico y el terrorismo”.

Con eso, el gobierno espera devolver a los militares el rol que perdieron tras los atropellos del régimen militar de los años 70 y 80.

La reforma —que lleva meses rondando el debate público entre filtraciones y rumores— se quedaría en discusión de políticos y periodistas si no fuera porque muchos argentinos, desde organizaciones de derechos humanos hasta partidarios mismos del oficialismo, temen que sea una forma de aplacar las protestas sociales cuando el país atraviesa una compleja situación económica.

En noviembre, además, Buenos Aires albergará la cumbre del G20, el foro de países industrializados que se reúne cada año.

A medida que el evento se acerca la economía argentina no ha hecho sino deteriorarse.

Y la gran pregunta es cómo recibirá el país con más protestas de América Latina, en pleno ajuste económico, a los presidentes de las potencias mundiales.

“Insertarlos en democracia”

Después del régimen militar (1976-1982) en el que desaparecieron entre 9.000 y 30.000 disidentes, las Fuerzas Armadas argentinas se hundieron en el desprestigio, pasaron a tener un papel secundario y perdieron gran parte de su presupuesto.

Hace dos décadas que Argentina es el país que menos gasta en Defensa en la región: menos de 1% del Producto Interno Bruto.

“Hace 30 años que nuestro ejército está paralizado. Y ya hace 35 que terminó la dictadura”, dijo hace unas semanas la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“Hay que darles la oportunidad a los militares de que se inserten en la democracia”, argumentó.

Aunque no dio muchos detalles, Macri adelantó que se propondrá una ley para mejorar las condiciones laborales de los militares, aumentar la capacidad de acuartelamiento del ejército y promover desarrollos en tecnología.

Se espera que la reforma se efectúe a través de un decreto presidencial.

Medios locales reportaron, citando fuentes militares y del ministerio de Defensa, que se busca mejorar la capacidad de despliegue de las Fuerzas Armadas, se pondrá énfasis en la custodia de las fronteras y se modificará la distribución logística del ejército.

Desde llegó al poder, Macri ha insistido en su intención de que Argentina “vuelva a ser parte del mundo”, no solo en materia económica y política, sino también de seguridad.

En estos casi tres años, el país sudamericano se ha adherido a la lucha contra las drogas y el terrorismo, iniciativas de potencias como Estados Unidos y la Unión Europea, con los que Macri busca tener buena relación.

¿Por qué ahora?

En la parte más polémica pero menos desarrollada de su discurso, el mandatario añadió que “también es importante que (las Fuerzas Armadas) puedan colaborar con seguridad interior, principalmente brindando apoyo logístico en frontera”.

Y añadió: “También en la protección de eventos de carácter estratégico”.

A casi un año de unas elecciones en las que Macri espera ser reelegido, la gran promesa con la que llegó a la presidencia —mejorar la economía— sigue sin cumplirse.

Por el contrario, la inflación ha aumentado, el crecimiento está en duda y una fuerte devaluación del peso hizo que el gobierno tuviera que acudir a una carta costosa políticamente: el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Para recibir financiación del FMI, el gobierno se comprometió a hacer un ajuste de la economía para reducir el déficit fiscal, una iniciativa que puede controlar los vaivenes económicos, pero golpeará el bolsillo de millones de argentinos.

Ante esto, y con un evento del G20 que puede costar hasta US$60 millones, muchos vaticinan más protestas en un país ya acostumbrado a los piquetes diarios.

Se intentó obtener declaraciones de voceros oficiales sobre este punto, pero no obtuvo respuesta.

Y aunque fuentes anónimas han dicho a medios locales que la reforma a las Fuerzas Armadas no tienen que ver con la política de control social, las organizaciones derechos humanos dudan que así sea.