EL FRACASO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PANAMEÑA.
Por Profesor Raúl González F.
La Corte Suprema debe juzgar a Ricardo Martinelli, diputado del Parlacen, para lo cual tiene un término de 2 meses, prorrogable por un mes más. El Magistrado fiscal debe convertirse en un investigador, igual su equipo, para lo cual, debe contar con todo lo necesario. No debe separase de su cargo de magistrado, seguir ejerciendo sus funciones normales y hacerle frente a los diversos recursos de la defensa.
Finalmente, se necesitan 6 votos de 9, para condenarlo.
La Corte también debe juzgar a los 34 diputados reelectos, a quienes se les acusa de utilizar los recursos del Estado.
El procedimiento es igual al de Martinelli.
Los diputados deben separase del cargo para ser investigados y juzgados y los suplentes ocuparían la curul.
Si los suplentes también son acusados, quedaría la curul vacía.
Si los acusados, principales y suplentes son condenados, se debe convocar nuevas elecciones.
Sobre la Corte Suprema de Justicia, contra su presidente, hay varias acusaciones formales, 3 magistrados de la sala penal, han sido recusados.
Un magistrado declaró, que en la Corte se venden fallos, por lo que se debe investigar a todos los magistrados y hay un magistrado separado-Moncada Luna.
La Corte debe juzgar a los diputados y los diputados a la Corte.
En tan poco tiempo y con tantos subterfugios legales, es imposible llevar a cabo todos estos procesos legales. Para condenar a un Magistrado, se necesitan 46 votos.
El sistema está elaborado de tal manera, que nadie juzga a nadie y de hacerlo, se puede caer el proceso, por falta de tiempo o por acción u omisión.
La salida a la crisis es una Asamblea Constituyente Originaria, la cual una vez instalada, puede disolver la Asamblea de Diputados, quienes deben ser juzgados por la justicia ordinaria.
Además, puede nombrar un tribunal especial, para juzgar a los magistrados de la Corte, con nuevas normas.
El sistema colapsó y la Constituyente Originaria, es la salida popular.
