Alcalde de Boquete enfrenta investigación por posible acto de corrupción
La procuraduría de la Administración, seccional de Chiriquí abrirá una investigación en contra del alcalde del Distrito de Boquete, Joswar Alvarado por el presunto delito de corrupción de servidores públicos al demostrarse que recibe dos salarios del Estado a la vez.
La investigación de la Secretaría Provincial de Chiriquí de la Procuraduría de la Administración guarda relación con una noticia publicada en el diario El Siglo, el pasado 5 de mayo de 2020 titulada: “Jugosos sueldos del Alcalde de Boquete”.
En un extracto de la noticia se señala que el alcalde Joswar Alvarado -del partido Cambio Democrático- recibe del Estado un total de 10 mil 213 dólares mensuales. 3 mil 973 dólares, más de 2 mil 500 en concepto de movilización y mil 800 en gastos representación, sumados a los mil 938 dólares que percibe como maestro.
En una nota dirigida al alcalde de Boquete, el doctor Giuliano Mazzanti, Secretario Provincial de Chiriquí de la Procuraduría de la Administración, le expresa que “con la finalidad de poder reportar al señor procurador de la Administración, los resultados de la investigación oficiosa, requerimos nos remita un informe utilizando los procedimientos telemáticos, sobre los hechos relacionados a dicha noticia”.
Por su parte, el alcalde de Boquete, Joswar Alvarado denunció la existencia de una campaña en su contra, «movimiento sucio» que busca desacreditarlo debido al exitoso desempeño que lleva adelante en beneficio de la comunidad.
El burgomaestre dijo que sectores políticos que perdieron la última elección llevan adelante el oscuro movimiento, con el fin de dañar su imagen y simpatía de la que goza ante la población.
El alcalde es cuestionado por estar devengando su salario como maestro, bajo la figura de licencia con sueldo por el periodo que permanezca en la alcaldía, norma que es aplicada desde hace 40 años.
La figura en la que encaja el alcalde de Boquete se encuentra en el artículo 349 del Código Penal que reza: “El servidor público que acepte un nombramiento para un cargo público o perciba remuneración del Estado sin prestar servicio al cual ha sido designado, sin causa justificada, será sancionado con ciento cincuenta a trescientos días -multa o trabajo comunitario.