Una reforma que despierta interrogantes
Por Abdel Fuentes / La Verdad
El proyecto de ley de 146 artículos que busca reformar la norma que regula las elecciones generales, será sometido a la aprobación de los denominados honorables diputados. Deberá contar con el visto bueno de sus partidos y del Órgano Ejecutivo, cuyo jefe es el jerarca del colectivo gobernante.
Según el Tribunal Electoral, la innovación más importante es el financiamiento de la propaganda. Este solo podrá derivar de los recursos públicos que serán administrados por el Tribunal Electoral. En caso de ser aprobada la norma, los infractores recibirán como sanción la inhabilitación de su candidatura.
Pese a la obligatoriedad sobre el origen de los fondos, los partidos políticos seguirán recibiendo sumas millonarias. Esto es motivo de análisis, particularmente por la manipulación que ejerce la propaganda política sobre el electorado, y la influencia de los medios sobre la mente de la gente que orienta su voto hacia determinado candidato. Seguramente las nuevas tendencias del mercadeo político, con toda su carga emocional, jugarán un papel importante en las elecciones del 2019.
Redes sociales jugarán un papel determinante
Un segmento importante de la población votante será más exigente, debido al surgimiento de las redes sociales y la tecnología. Será un electorado diferente, que jugará un lugar influyente en materia de opinión. Aquí podrían entrar los influenciadores en las redes. ¿Quién los regulará?
El artículo 198-L en el numeral 5, prohíbe que los medios donen pautas o tiempo para propaganda electoral a favor o en contra de partidos o candidatos y candidatas. El concepto tiempo en este artículo es dudoso. Las entrevistas periodísticas no tienen costo. Aunque intentamos obtener una explicación sobre el tema por parte de los magistrados del Tribunal Electoral, no recibimos respuesta.
Debates televisivos no serán obligatorios
La propuesta legislativa no establece que los presidenciales estén obligados a participar de los dos debates televisados consignados en el anteproyecto. Los antecedentes demuestran la ventaja que obtienen los candidatos que no se exponen al escrutinio público. Mireya Moscoso y Ricardo Martinelli, no asistieron al debate y ganaron las elecciones. El precedente hace dudar que los diputados y sus colectivos, al momento de discutir la ley, propongan que sea obligatoria la participación de sus candidatos a la Presidencia en los debates televisados.
¿Por qué negarle a los electores el derecho de conocer la conducta, e intenciones de quienes aspiran a gobernar? Las decepciones del electorado suelen aflorar muy poco después del primer año de gobernanza. En el caso del actual Presidente, saltan a la vista las reacciones de los votantes en algunas encuestas, redes sociales y aquellos medios que no tienen compromiso con el gobierno de turno.
El caso de Costa Rica es revelador. El actual Presidente, Luis Guillermo Solís, quien logró adjudicarse el 78% de los votos en una segunda vuelta electoral, sin ser favorito, supo exponer argumentos y propuestas que convencieron al electorado durante los últimos debates públicos televisados. Quienes sintonizaron los debates en el vecino país, pueden dar fe de que se desarrollaron verdaderas controversias. Nada parecido a lo que ocurre en Panamá.
Una vez más se impone la partidocracia, según Méndez
Saúl Méndez, exdirigente del desaparecido Frente Amplio por la Democracia (FAD), hoy partido en formación, censura que siempre sea el sector económico el que organice los debates. Agrega que en la propuesta legislativa no se observan reglas claras sobre el procedimiento.
El artículo 201-A, del proyecto de ley, solo menciona que el “Tribunal Electoral promoverá y reglamentará la celebración de dos debates presidenciales” y los tiempos en que se llevarán a cabo mediante cadena nacional, sin costo alguno por parte de los medios.
Sobre el financiamiento electoral, Méndez asegura que los 97 millones que recibe la partidocracia del Estado, frente a los 2 millones que se le entrega a los nuevos partidos, contradice la denominada equidad que menciona el Tribunal Electoral. Insiste en cavilar que existen preferencias a favor de la partidocracia. Coincide con la tesis de que cada vez se cierra más la posibilidad de que un independiente pudiese convertirse en Presidente. Consultamos también al Tribunal Electoral sobre algunas de las aseveraciones de Méndez y no obtuvimos contestación.
El dirigente obrero, censura el regreso del voto plancha como mecanismo para elegir a los diputados en los circuitos plurinominales (donde sale más de uno). El voto plancha ocurre cuando el elector marca en la casilla de un partido. Esto se convierte en un voto a favor de todos los candidatos que fueron postulados por ese colectivo.
