Abogados de Mulino presentan incidente de controversia ante acciones del MP proscritas por ley

Un incidente de controversia contra la disposición fiscal de 22 de abril de 2016 emitida por la Fiscalía Segunda Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación (PNG), presentó el equipo de abogado del ex ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, dado que el Ministerio Público (MP) busca iniciar una nueva etapa sumarial distinta, por la misma investigación que ya realizan para el caso del ex funcionario, lo cual viola la ley.

“La resolución (de la Fiscalía Anticorrupción) hoy incidentada, busca compulsar copias para iniciar nueva investigación sobre lo ya investigado y evitar pronunciamiento favorable en cuanto a la inexistencia de un delito en supuesto perjuicio del Ministerio de Seguridad Pública; lo que evidentemente alcanza la posición jurídica de quien regentaba la institución para aquél entonces, el señor José Raúl Mulino Quintero”, plantean los juristas dentro de las consideraciones planteadas en el recurso.

Advierten de antemano que, si bien el MP mantiene funciones jurisdiccionales (como allanamientos, aplicar medidas cautelares, imputar cargos, etc.), “la orden de compulsar copias para investigaciones penales, corresponde a una función jurisdiccional reservada al Juez de la Causa; el cual luego de ponderado el hecho, estima que lo procedente es investigar también otros hechos no investigados bajo la misma cuerda”.

Sostienen los abogados que dada una investigación, el agente de instrucción está en la obligación de presentar su opinión ante el juez competente, y está vedado a ejercer actividad jurisdiccional. “Tal afirmación se encuentra incluso sustentada en el contenido del artículo 5 del Código Procesal Penal (CPP) que en su tenor literal preceptúa: ‘…ni el Ministerio Público puede realizar actos jurisdiccionales’”, agrega el recurso.

Los juristas cuestionan no solo el hecho de que el MP mantenga hoy un expediente contra su defendido fuera de los términos que permiten la ley, sino que ahora, además de las violaciones a las leyes durante el proceso, en detrimento del ex ministro Mulino, la Fiscalía busca iniciar una nueva investigación por presunto delito en la adquisición de equipos, que involucran a instituciones que ya son parte de pesquisas.

“No puede dicha agencia de instrucción instruir un expediente en base a una investigación, por espacio mayor a un año y dos meses, para luego de ello y ante el obligante escenario de tener que ‘emitir opinión fiscal’ al respecto, evadir la obligación y en su lugar compulsar copia de la misma par nuevamente investigar lo que en principio, ya se investigó por tan largo y prolongado tiempo”. “Conforme a lo comentado, tal actividad fiscal busca burlar la obligación dispuesta en los artículos 2194 y 2195 del Código Judicial en cuanto a emitir opinión o medida procesal recomendada a la labor investigativa, efectivamente realizada”, alegan los letrados en el recurso.

De acuerdo a los abogados, se pretende crear a través de dicho subterfugio jurídico de supuesta compulsa, dividir el escenario investigativo, favorecer a unos (la relacionada a Robert Milton Henríquez), y desfavorecer a otros investigados (José Raúl Mulino Quintero y Julio Moltó), a los cuales incluso se le está creando una segunda fase de instrucción sumarial. “No sólo la actuación de la Agente de Instrucción viola la Ley, cuando con ello busca evitar pronunciarse y emitir opinión en base a la investigación de los contratos comentados dentro del proceso No.282-15 que se relacionan a la situación del señor José Raúl Mulino Quintero; sino también, apoya la realización de una segunda fase de instrucción sumarial —proscrito por Ley- en detrimento a la que ya existe y a la que se encontraba bajo investigación nuestro cliente Mulino Quintero”, indican.

El incidente de controversia recoge un resumen de “toda la realidad investigativa y que rodea, indiscutiblemente, a los contratos” que han sido objeto de pesquisas en función del caso  que lleva el MP contra el ex ministro; los “sin-números de actos de investigación que reposan en el expediente, visibles a folios”, así como las acciones o medidas asumidas por la fiscalía, muchas de ellas, arbitrarias contra el ex funcionario, quien desde un principio se sometió a la justicia y renunció a su fuero electoral para permitir la libre investigación, aún cuando las autoridades ya adelantaban las pesquisas sin el levantamiento de la prerrogativa por parte del Tribunal Electoral.

Asimismo, el equipo de abogados del ex ministro Mulino destacan, además, que el Juez Undécimo de lo Penal, concedió a la Fiscal una prórroga de instrucción del sumario abierta, siendo que el mandato jurisdiccional contenido en el Auto Vario No.276 (Solicitud de Prórroga) de 16 de diciembre de 2015 indica que “no se concluirá el sumario hasta tanto se terminen con las investigaciones”.

“Con lo anterior, se deja entrever claramente que no hay fundamento alguno que sustente que luego de catorce (14) meses de investigación, se decida dividir la misma y ordenar nueva investigación en cuanto a los Contratos suscritos por el Ministerio de Seguridad Pública y la Policía Nacional, cuando éstos formaban parte de la misma cuerda investigativa cuya prórroga era abierta. Pues, del auto en comento, se observa el mandato jurisdiccional de uno concluir” hasta tanto se termine la investigación; deviniendo la providencia incidentada en una clara violación a la orden jurisdiccional de simplemente continuar, hasta terminar la investigación en curso”, sustentan los abogados.