Abogado Moisés Bartlett rechaza propuesta de trasladar el Instituto de Defensores de Oficio a la Defensoría del Pueblo
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
El abogado Moisés Bartlett se pronunció en contra de la reciente propuesta que sugiere trasladar el Instituto de Defensores de Oficio, actualmente adscrito al Órgano Judicial, a la Defensoría del Pueblo.
Esta iniciativa, que ha generado un amplio debate en los círculos judiciales y políticos, fue duramente criticada por Bartlett, quien expuso sus argumentos con firmeza.
Bartlett expresó a La Verdad Panamá su preocupación por la falta de independencia que, a su juicio, caracterizaría al Instituto si pasara a estar bajo la tutela de la Defensoría del Pueblo.
“Los defensores del pueblo son políticos o designados por políticos. Algunos de los cuales han sido disminuidos, renunciados, juzgados y hasta condenados”, afirmó el abogado, subrayando la vulnerabilidad de esta institución frente a intereses políticos.
“No existe garantía de independencia, ninguna, menos de profesionalismo en quien lo dirija desde la Defensoría”, añadió.
Bartlett, conocido por su defensa de un sistema judicial imparcial, criticó la tendencia a importar modelos extranjeros que, según él, no se ajustan a la realidad local.
“Repetimos la misma historia, tropezamos con la misma piedra. Queremos seguir copiando modelos foráneos que no se ajustan a nuestra realidad. Eso pasó con la Jurisdicción Comunitaria de Paz, resultado, desastre”, sentenció.
El abogado argumentó que la solución a los problemas que enfrenta la defensa pública no pasa por cambios institucionales mal planificados, sino por una reforma profunda de los códigos penales y procesales.
“El enfoque debe ser hacia la revisión, actualización y reforma integral del Código Penal y el Procesal Penal”, señaló, sugiriendo que estos cambios estructurales son necesarios para fortalecer el sistema de justicia en su conjunto.
Bartlett también destacó el valor y la competencia de los profesionales que actualmente integran el Instituto de Defensoría Pública, insistiendo en que deben seguir operando bajo el paraguas del sistema judicial, lejos de influencias políticas.
“El Instituto de Defensoría Pública cuenta con profesionales capacitados y eficientes, que deben estar al servicio de la justicia dentro del sistema, no al arbitrio de funcionarios de rejuego político”, enfatizó.
En su declaración, Bartlett fue categórico al afirmar que la solución a los desafíos que enfrenta la defensa pública reside en fortalecer la carrera judicial. Esta, según él, debe garantizar la estabilidad y crear oportunidades de ascenso tanto para los administradores de justicia como para los funcionarios del sistema, incluyendo a los defensores públicos.
“Se trata de implementar y respetar la carrera judicial que garantice estabilidad y oportunidades no solo a administradores de justicia, también a funcionarios del sistema, lo que incluye a los defensores públicos”, concluyó.
Las declaraciones de Bartlett se suman al creciente coro de voces que cuestionan la viabilidad e inconveniencia de esta propuesta.