Abogado pide permanencia laboral para jueces del Sistema Penal Acusatorio; interinidad compromete independencia judicial
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
El abogado Juan Carlos Araúz, expresidente del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, hizo un llamado a reformar la ley del Sistema Penal Acusatorio (SPA), para garantizar la estabilidad laboral de los funcionarios judiciales que han ejercido sus cargos durante más de una década.
Según Araúz, la falta de estabilidad laboral afecta la independencia judicial y compromete los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
“Cuando el Estado panameño decidió cambiar el modelo de juzgamiento al sistema penal acusatorio, no estaba preparado para implementarlo“, señaló .
Explicó que debido a ello se designaron en los puestos a personas de forma provisional y ahora, después de 10, 12 o 14 años, no se pueden descartar a esos funcionarios como si fueran un objeto, señaló Araúz.
El abogado destacó que la ausencia de concursos efectivos para garantizar la permanencia en los puestos dentro del Órgano Judicial ha generado un incumplimiento de los estándares regionales de derechos humanos.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya se ha pronunciado sobre cómo la falta de estabilidad laboral afecta gravemente la independencia judicial. Los juzgadores no tienen certeza de que sus decisiones no serán la causa de su remoción del cargo que ocupan”, añadió.
Araúz enfatizó que este es el momento oportuno para discutir una reforma que brinde estabilidad laboral a los funcionarios judiciales y que contemple mecanismos de evaluación del desempeño.
“La solución está en medir los resultados de las tareas realizadas por los funcionarios. No se trata solo de concursos, que han demostrado ser lentos y poco efectivos, sino de garantizar la permanencia de quienes han demostrado su competencia y compromiso”, explicó.
Explicó que la interinidad de los jueces representa una debilidad del sistema judicial que debe ser atendida con urgencia. “Es necesario legislar para garantizar la estabilidad y permanencia de los funcionarios judiciales, así como para establecer mecanismos claros de evaluación de desempeño”, afirmó.
Pero el abogado Harry Díaz quien era magistrado en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cuando los jueces y funcionarios del SPA fueron nombrados, señaló que esa acción fue un retroceso en la administración de justicia.
El exmagistrado lanzó fuertes críticas sobre la actual situación de los jueces quienes carecen de estabilidad laboral debido a decisiones tomadas en el año 2016, cuando se implementaron nombramientos irregulares que dejaron de lado la Carrera Judicial.
Díaz acusó directamente a los magistrados José Ayú Prado y Luis Ramón Fábrega de desviar 10 millones de dólares destinados a la implementación de la Carrera Judicial, para designar a jueces de manera arbitraria.
Según sus declaraciones, “no hubo concurso y la totalidad de las posiciones fueron designadas a dedo por la mayoría que controlaba Ayú Prado”. Esto, aseguró, atrasó la administración de justicia en Panamá por varios lustros.
“El proceso lógico era aplicar la Carrera Judicial y después hacer los nombramientos, pero como esto no iba a garantizar que las amistades de Ayú Prado quedaran designadas, sencillamente se dejó de lado la Carrera Judicial”, afirmó Díaz.
Explicó que la improvisación en esos nombramientos dejó profundas secuelas en el sistema judicial del país.
El exmagistrado también advirtió que reparar el daño causado por estas decisiones es más complejo que haberlo hecho correctamente desde el inicio.
En su opinión, las acciones de Ayú Prado y Fábrega en torno a los nombramientos actuales de jueces del SPA, compromete la independencia de la justicia.
Díaz instó a las autoridades a tomar medidas urgentes para restablecer la Carrera Judicial y garantizar que los procesos de selección de jueces sean transparentes, imparciales y en beneficio de una justicia efectiva en el país.