Activistas panameños contra la minera boicotean reunión regional de defensores ambientales
Ciudad de Panamá, 27 sep (EFE).- Ambientalistas panameños boicotearon este miércoles la inauguración del II Foro sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales para protestar contra el polémico nuevo contrato minero, que está en debate en el Parlamento del país centroamericano.
“La minería metálica se está tomando toda la biodiversidad panameña contaminando ríos, suelos y nuestros mares (…) tenemos una minería metálica aupada por el Ministerio de Ambiente”, enfatizó la activista Raisa Banfield mientras recibía los aplausos del público (la mayoría defensores ambientales latinoamericanos).
“Era nuestra manera de alzar nuestra voz para decir que aquello que se dice afuera no es lo que ocurre dentro del país, la minería metálica avanza de manera nociva” en Panamá, declaró Banfield.
“Hay numerosos momentos (…) hemos estado trabajando en distintos caminos de diálogo y cuando una persona habla, lo respetuoso es dejarle hablar”, declaró De Miguel.
“Los felicito. Si todos los panameños nos reuniéramos para defender los recursos naturales, Panamá va a cambiar rápido. Eso es lo que pretendo en educación ambiental, que todos defendamos los recursos tal como hicieron Raisa (Banfield) y el equipo“, señaló a EFE Concepción.
Defensores, representantes del Acuerdo de Escazú, la ONU y ONG ambientalistas se reúnen este miércoles y jueves en Ciudad de Panamá en el marco del II Foro sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales.
En marzo pasado el Gobierno de Panamá y First Quantum Minerals alcanzaron, tras más de un año de arduas negociaciones, un acuerdo final de contrato de concesión a 20 años prorrogables para la explotación de la mina de cobre, que establece ingresos mínimos anuales de 375 millones de dólares (unos 356,8 millones de euros) al fisco y amplios poderes de supervisión estatal a la operación, entre otros.
Las autoridades y la empresa minera entablaron nuevas negociaciones después de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara en 2017 inconstitucional la ley de 1997, que avalaba la concesión para la explotación de la mina Cobre Panamá.
Este polémico contrato está en el primero de tres debates en el Parlamento panameño con una particularidad: los diputados solo pueden aprobar o rechazar el acuerdo, no modificarlo.
Desde que entró en discusión, las protestas contra ese millonario acuerdo han aumentado con tensiones entre los manifestantes y la Policía, que ha respondido con gas lacrimógeno.