Avances significativos en las demandas de indemnización por envenenamiento masivo con dietilenglicol
Casi 300 expedientes de la demanda de indemnización de víctimas del dietilenglicol entraron en la fase de sentencia
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
La magistrada María Cristina Chen Stanziola, de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, emitió un comunicado en el que detalla los avances en las 486 demandas de indemnización interpuestas contra el Estado panameño por las víctimas del envenenamiento masivo con dietilenglicol.
Este compuesto tóxico, utilizado en la industria automotriz, fue incorporado por error en jarabes dispensados por la Caja de Seguro Social, provocando la muerte de cientos de personas y graves secuelas en otras, afectados y familiares de las víctimas que hoy reclaman un resarcimiento del Estado.
El informe sobre los avances destaca que, desde la creación en mayo de 2023 de la Unidad Transitoria para la Tramitación de Expedientes de Dietilenglicol, se han logrado avances importantes en la gestión de los casos.
Hasta diciembre de 2023, el 88% de los expedientes habían superado las fases iniciales del proceso, alcanzando la etapa de admisión de pruebas.
Durante 2024, el tribunal concentró esfuerzos en la práctica de pruebas y en el análisis de los casos.
Según el informe, se recibieron 720 peritajes y se practicaron pruebas importantes que colocan unos 276 expedientes en la fase final de análisis para emitir sentencia, representando más del 50% de los casos.
La magistrada destacó que el 90% de los expedientes se encuentran en las etapas finales, lo que evidencia el compromiso de la Corte con las víctimas y la celeridad en la resolución de este proceso histórico.
El caso del dietilenglicol representa la demanda indemnizatoria más alta jamás exigida al Estado panameño, además de ser la carga litigiosa más grande y sensible que ha enfrentado la Sala Tercera.
La magistrada Chen Stanziola reiteró el compromiso de transparencia, imparcialidad y respeto hacia las víctimas, subrayando la importancia de construir confianza entre el sistema de justicia y los afectados.
Este esfuerzo es un paso significativo hacia la justicia para las víctimas del envenenamiento masivo, quienes llevan años esperando una resolución que repare, en parte, el daño sufrido.