Califican de jugada del gobierno la suspensión de la discusión del contrato minero
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
El abogado Donaldo Sousa Guevara, calificó como una jugada del gobierno, la suspensión de la discusión del contrato de concesión con la compañía Minera Panamá, estrategia ya pactada con la compañía para que la transnacional siga extrayendo minerales ilegalmente sin estar pagando ni un solo céntimo.
El abogado experto en temas mineros presidente de la Federación de Profesionales (Fedap), es un ferviente opositor a la minería a cielo abierto, industria que destruye el ecosistema y la vida de todo un país.
Sousa no le extrañó la suspensión del documento y el pedido que hizo la asamblea al gobierno de que pase a retirar el proyecto, debido a unos puntos que número y que según el abogado apenas enumeró solamente unas cuantas irregularidades de la gran cantidad de violaciones que tiene ese contrato de concesión.
El crítico de la industria minera sostiene que el documento era violatorio a la integridad territorial y otras normas fundamentales de la constitución política de la República de Panamá.
“Para mí esa es una jugada y estrategia del gobierno nacional y lo he dicho durante años que tienen un arreglo con la minera, que mientras ellos estén administrando la cosa pública no va a haber contrato, lo que significa que la minera no va a dar ningún dinero panamá mientras siguen explotando comercialmente los recursos nacionales”, aseguró.
El descontento popular y las acciones de protesta en las calles sirvieron al gobierno para justificar el retiro del proyecto y cumplir con lo pactado de que no exista contrato, la empresa sigue trabajando y no esté pagando a Panamá.
El dirigente sostuvo que la no existencia de contrato no está evitando que la compañía siga extrayendo minerales del suelo panameño y lo que se imponía era rechazar el proyecto para que la empresa salga de Panamá.
La solicitud que se hizo a la asamblea dilata más el problema, el tiempo pasa, se aproximan las elecciones y la compañía canadiense sigue llevándose los minerales del país y haciendo lo que le da la gana, expresó Sousa Guevara.
El abogado reiteró que mantiene su posición de que los diputados debieron rechazar de plano el proyecto y desempolvar un documento presentado en la oficina de participación ciudadana que prohíbe la minería a cielo abierto, anteproyecto similar a los presentados en países centroamericanos donde no se permite el establecimiento de estas industrias.
Aseguró que las organizaciones cívicas se mantendrán en estado de alerta y vigilantes ante los últimos acontecimientos sobre el contrato de concesión minera porque la decisión que se debió tomar era rechazar el contrato y empezar la discusión del anteproyecto que prohíbe la minería metálica a cielo abierto, porque si no se hace seguirá el crimen ambiental patrocinado por el Estado.
La Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional suspendió el jueves la discusión del contrato ley entre el Estado y la compañía minera Panamá y le pidió al ejecutivo que retire el documento y le haga correcciones que vulneran la soberanía nacional, decisión que algunos diputados quieren que sea avalada o no mediante el voto del pleno.
El presidente de la comisión, Roberto Ábrego, explicó en la reunión de este jueves el contenido de una resolución que emitió esa junta, documento donde los diputados miembros plantean los argumentos del porqué debe ser retirado de hacer los correctivos necesarios al contrato ley.
El diputado señaló que los artículos donde el contrato le da el control del espacio aéreo a la compañía canadiense, son violatorios y no pueden formar parte de la concesión.
Ábrego señaló que muchos panameños se dedican a actividades de paracaidismo, por lo que el espacio aéreo no puede estar restringido en nombre de un contrato.
El contrato ley minero desde que llegó a la Asamblea Nacional, encendió las alertas de la población quien en una voz unánime rechazaba el documento por ser violatorio a la Constitución nacional.
El nuevo contrato con la empresa minera se confeccionó y firmó, luego que la compañía quedó sin sustento legal para continuar con la concesión, después que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el contrato Ley 9 del 25 de febrero de 1997, entre el Estado y la sociedad Minera Petaquilla, S.A. tras considerar que no cumplió con los principios básicos de contratación pública.
En el fallo los magistrados concluyeron que el documento preparado y aprobado durante el gobierno de Pérez Balladares, no representaba los mejores intereses para el Estado, era además, ajeno al bienestar social y al interés público.