Caso Ifarhu: Moisés Bartlett alerta sobre posible peculado y omisión de deberes públicos
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
El abogado Moisés Bartlett ha lanzado serias advertencias sobre el manejo de los fondos públicos en el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) durante la gestión del expresidente Laurentino Cortizo.
Bartlett asegura que el caso de los auxilios económicos gestionados por esta entidad tiene claros indicios de peculado y de omisión de los deberes del servidor público, lo que podría derivar en consecuencias legales graves para los involucrados.
Según Bartlett, el administrador del Ifarhu incumplió con su principal responsabilidad: garantizar la transparencia y el manejo diligente de los fondos destinados a becas y préstamos educativos.
El abogado recalcó que los servidores públicos deben administrar estos recursos con el cuidado y la prudencia de un buen padre de familia.
Las recientes declaraciones del actual director del Ifarhu, quien ha afirmado que la institución se encuentra en un “estado de quiebra financiera”, son una señal alarmante que requiere una investigación profunda.
“Este tipo de situaciones demandan auditorías exhaustivas, no solo por parte de la Contraloría General de la República, sino también por auxiliares idóneos del Ministerio Público”, indicó Bartlett.
La falta de diligencia en el manejo de los recursos educativos tiene repercusiones que van más allá del ámbito económico, afectando directamente a generaciones de estudiantes que dependen de estos fondos para financiar sus estudios.
Bartlett enfatizó que el daño causado no es solo patrimonial, sino social, ya que la falta de financiamiento a los jóvenes estudiantes tiene un impacto negativo a largo plazo en el desarrollo del país.
“El daño a la educación no puede cuantificarse únicamente en términos económicos. Estamos hablando de un daño a la humanidad, a la sociedad en su conjunto. La educación es un pilar fundamental de cualquier Estado de Derecho, y la negligencia en su administración es inaceptable”, declaró.
El jurista también criticó la falta de prioridad en la asignación de recursos del Estado, señalando que mientras se destinan fondos para eventos festivos en ciertas instituciones, se deja desprotegida la educación de los jóvenes panameños. “No se puede entender que se estén privilegiando celebraciones y gastos innecesarios cuando hay estudiantes que se quedan sin becas ni préstamos. El Estado tiene la obligación de honrar sus compromisos financieros con la educación”, afirmó.
Además, Bartlett cuestionó la actuación del Ministerio Público, señalando que, a pesar de que el director legal del Ifarhu presentó una denuncia penal ante esa entidad, inicialmente no fue recibida.
Según sus declaraciones, el Ministerio Público tiene la obligación de revelar quién fue el fiscal que se negó a recibir la denuncia, ya que, tratándose de fondos públicos, el proceso no debería haberse dilatado.
“La transparencia es fundamental en estos casos, y es importante que el Ministerio Público esclarezca qué ocurrió y quién fue el responsable de no aceptar la denuncia en un primer momento”, exigió.
Moisés Bartlett concluyó que este caso requiere una nueva y más rigurosa administración del Ministerio Público para garantizar que los responsables de cualquier mal manejo de los fondos públicos enfrenten las consecuencias legales pertinentes, y para que los estudiantes panameños puedan confiar nuevamente en un sistema que les permita acceder a una educación de calidad sin trabas ni corrupción.