Combatir la corrupción en el Ministerio Público entre los retos del nuevo Procurador General de la Nación
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
Con la designación del nuevo Procurador de la Nación varios expertos en leyes manifestaron sus preocupaciones sobre los desafíos que enfrenta la institución y la necesidad de reformas profundas para garantizar su efectividad.
Juristas como el exfiscal Roberto Moreno, el abogado litigante Javier Quiroz, y el también letrado y diplomático Guillermo Cochez expresaron sus opiniones sobre el estado actual del Ministerio Público y los cambios que consideran esenciales.
El abogado Roberto Moreno destacó que uno de los principales retos será la revisión del modelo de gestión del Ministerio Público, señalando que existe una desconexión entre las diferentes etapas del proceso judicial.
“El que toma la denuncia no se comunica completamente con el que investiga, y este no se comunica con el que hace el juicio”, explicó Moreno, subrayando que es necesario revisar este sistema para garantizar una mayor eficiencia.
Además, propuso una Ley de Carrera que permita evaluar el desempeño de los fiscales y el personal, asegurando que aquellos que no cumplen con los estándares no se mantengan en sus puestos.
Entre los puntos destacados por Moreno, se mencionan las presiones políticas y económicas a las que el procurador deberá resistirse, así como la necesidad de especialización de los fiscales. “Muchos fiscales carecen de competencia para sus cargos, y esto afecta especialmente a las generaciones más jóvenes”, aseguró.
Asimismo, el abogado resaltó la importancia de profesionalizar la institución y de que cualquier rotación o cambio de funcionarios se realice bajo justificaciones legales, basadas en el debido proceso. “No puede ser que los cambios se hagan porque una persona me cae mal o porque investigó un caso donde yo era contraparte. Las decisiones deben estar fundamentadas en elementos legales”, subrayó.
Moreno también hizo un llamado a litigar estratégicamente, enfocándose en los casos más relevantes para la ciudadanía. “Nos hemos pasado años enfocando todos los esfuerzos en la persecución del tráfico de drogas, pero hay otros delitos que afectan más al panameño común, como la corrupción y la violencia doméstica”, indicó.
El abogado reconoció que la corrupción es un problema generalizado en diversas instituciones del país, incluyendo el Ministerio Público, y afirmó que el nuevo procurador deberá enfrentar estos desafíos con firmeza. “Es ineludible que la cultura del ‘juega vivo’ está presente en todos los estamentos institucionales.
El exfiscal también se refirió a las iniciativas para eliminar los acuerdos de colaboración, calificándolas como un error. Afirmó que, aunque algunos acuerdos han sido criticados, la mayoría han sido beneficiosos para la justicia panameña.
Por su parte, el abogado Javier Quiroz fue aún más crítico, afirmando que la corrupción está presente no solo entre ciertos fiscales, sino también en el personal colaborador, incluyendo coordinadores y fiscales adjuntos.
Quiroz señaló que la inadmisión y archivo de querellas y su decisión demorada, se ha convertido en una nueva modalidad de corrupción, mala práctica de la que él se ha visto afectado.
Para Quiroz, el éxito del nuevo procurador dependerá en gran medida de si toma decisiones firmes, como despidos y cambios en el personal, advirtiendo que sin estas acciones, la nueva administración estará destinada al fracaso.
El abogado y exembajador Guillermo Cochez también se pronunció sobre los retos del nuevo Procurador, alertando sobre la posible filtración del crimen organizado en el Ministerio Público.
Cochez señaló que existen muchas denuncias sobre la demora en admitir o inadmitir denuncias, lo que genera suspicacias de posibles presiones políticas o gubernamentales.
Citó como ejemplo el caso del contrato minero, que nunca fue investigado a fondo por la Procuraduría, lo que genera preocupación entre la ciudadanía.
En resumen, los tres abogados coinciden en que el nuevo Procurador deberá enfrentar importantes desafíos relacionados con la corrupción interna, la profesionalización de la institución y la implementación de cambios profundos para mejorar el sistema de justicia en Panamá.