Comisión de Comercio pide al Ejecutivo a través de una resolución retire contrato minero y haga correcciones pero diputados sugieren que el pleno avale esa decisión mediante votación
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
La Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional suspendió la discusión del contrato ley entre el Estado y la compañía minera Panamá y le pidió al ejecutivo que retire el documento y le haga correcciones que vulneran la soberanía nacional, decisión que algunos diputados quieren que sea avalada o no mediante el voto del pleno.
El presidente de la comisión, Roberto Ábrego, explicó en la reunión de este jueves el contenido de una resolución que emitió esa junta, documento donde los diputados miembros plantean los argumentos del porqué debe ser retirado de hacer los correctivos necesarios al contrato ley.
El diputado señaló que los artículos donde el contrato le da el control del espacio aéreo a la compañía canadiense, son violatorios y no pueden formar parte de la concesión.
Ábrego señaló que muchos panameños se dedican a actividades de paracaidismo, por lo que el espacio aéreo no puede estar restringido en nombre de un contrato.
Dijo además que las cláusulas que hablan de sacar a los campesinos de sus tierras deben ser eliminadas y en el contrato no debe aparecer la palabra expropiación en el documento.
El diputado señaló que ellos no tienen la potestad de devolver el proyecto al ejecutivo para la corrección, sino solamente tienen la capacidad de aprobarlo o rechazarlo y ningúna de las dos ha ocurrido.
Ábrego está solicitando al Ejecutivo que retire el documento y haga las correcciones, sobre esos aspectos y otros más detallados en la resolución.
El contrato ley minero desde que llegó a la Asamblea Nacional, encendió las alertas de la población quien en una voz unánime rechazaba el documento por ser violatorio a la Constitución nacional.
El documento que la asamblea pidió que se ha retirado debe ser ahora corregido y volver a ser negociado o firmado con la empresa Minera Panamá, luego de un consenso entre ambas partes.
El nuevo contrato con la empresa minera se confeccionó y firmó, luego que la compañía quedó sin ningún sustento legal para continuar con la concesión, después que Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el contrato Ley 9 del 25 de febrero de 1997, entre el Estado y la sociedad Minera Petaquilla, S.A. tras considerar que no cumplió con los principios básicos de contratación pública.
En el fallo los magistrados concluyeron que el documento preparado y aprobado durante el gobierno de Pérez Balladares, no representaba los mejores intereses para el Estado, era además, ajeno al bienestar social y al interés público.