Javier Collins Agnew  / La Verdad Panamá
El conflicto interno en la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) ha alcanzado un punto crítico, luego que en una Asamblea General, la policía interviniera y procediera a conducir a uno de los participantes a la Casa de Paz de Bella Vista.
El arquitecto Saúl Castillo, un miembro de la organización de profesionales y un crítico de la actual administración, fue conducido ante el juez de paz tras ser acusado de impedir la realización de la reunión.
Esta situación es parte de una serie de tensiones que han estado afectando al gremio desde hace varios meses, problema que tuvo su génesis tras el cuestionamiento de la presidenta actual, Johan Caballero, quien fue elegida en medio de controversias sobre su idoneidad.
Desde hace varios meses el grupo que se opone a la actual líder de la organización la acusa de no cumplir los requisitos necesarios para haber sido electa como presidenta del gremio, acusación que según la dirigente no tiene ningún respaldo jurídico.
El conflicto por el poder dentro de la organización ha escalado a tal punto que se han presentado órdenes de alejamiento y denuncias de violencia de género en contra de Castillo.
Estas denuncias que eran desconocidas por el arquitecto, las conoció luego que fue conducido a la Casa de Paz, acusado de alterar el orden público durante la asamblea. 
El punto de la discordia en la asamblea era el número dos: la consideración de la Junta Directiva respecto al actuar del Tribunal de Honor de la Spia.
Este grupo elegido por votación popular había iniciado una investigación contra Caballero tras una denuncia que cuestionaba la falta de años de experiencia, para haber sido electa.
El punto iba a ser tratado por la Junta Directiva, ente que fue renovado tras la convocatoria a unas elecciones parciales, luego que varios de los integrantes habían renunciado en medio de las diferencias con la presidenta.
La presidenta cuyo tribunal de honor destituyó del cargo, no ha dejado en ningún momento de cumplir con el mandato para lo cual fue electa por la membresía.
Caballero dijo a La Verdad Panamá que ella sigue siendo la representante legal de la Spia y defendió su gestión, argumentando que llena todos los requisitos para ser presidenta de la organización.
Afirmó que el Tribunal de Honor, responsable de manejar las disputas internas, carece de un reglamento aprobado, lo que cuestiona la autoridad de ese ente disciplinario.
Caballero dejó  sentir su preocupación por la actual conformación y operatividad del Tribunal de Honor de la organización, señalando posibles irregularidades en su estructura y funcionamiento.
Explicó que el Tribunal de Honor, compuesto por cinco miembros no cumple con los requisitos establecidos en los estatutos de la SPIA.
De los cinco integrantes, solo tres están habilitados para ejercer sus funciones, mientras que los otros dos son suplentes que han firmado como principales, situación que considera irregular. Según Caballero, “no es válido que un suplente asuma automáticamente como principal y firme decisiones de tal importancia”.
Además, señaló un conflicto de interés relacionado con el presidente del Tribunal de Honor, quien mantiene una relación conyugal con una persona que recientemente renunció a la Junta Directiva de la SPIA. “Esta situación compromete la imparcialidad del presidente del tribunal, lo que debería impedir su participación en las decisiones”, afirmó.
Caballero también cuestionó la falta de un reglamento aprobado por la Junta Directiva que rija el funcionamiento del Tribunal de Honor. “Para que el tribunal opere de manera legal, necesita un reglamento formalmente aprobado. En este momento, no lo tienen, lo que invalida su funcionamiento y decisiones”, subrayó.
El conflicto ha dejado a la SPIA en una posición delicada. La falta de consenso y las acusaciones de irregularidades han afectado la imagen de la organización.