Constructora Meco dice cooperar con Fiscalía pero no hay caso en su contra
La empresa costarricense Constructora Meco dijo que colabora con la Fiscalía de Panamá en una investigación de un caso de presunta corrupción en contratos estatales, pero afirmó que no existe un caso abierto en su contra.
“Constructora Meco, producto de las investigaciones de la Procuraduría General de la Nación (PGN) de Panamá, ha facilitado toda la información requerida sobre el caso de Blue Apple. La posición de Meco ha sido de completa colaboración y respetuosa de las acciones de la PGN”, indica un breve pronunciamiento de la empresa.
Meco indicó que sigue con atención el desarrollo del asunto y aseguró que “es importante dejar claro que no existe un caso abierto o requerimiento de la Fiscalía en contra de Constructora Meco”.
La Fiscalía panameña dijo el lunes que 33 personas, ninguna de las cuales fue identificada pero entre las que están las “más altas autoridades” de los ministerios de Obras Públicas y de Vivienda en el periodo 2011-2012, y más de media docena de constructoras, están vinculadas al caso llamado “Blue Apple”, una red que cobró coimas y blanqueó más de 40 millones de dólares.
De acuerdo con la Fiscalía, las empresas vinculadas al escándalo son Constructora Conalvias S. A., Constructora Meco S.A., Constructora Rodsa S.A., Constructora Bagatrac S.A., Ingenería REC S.A., GS Contractors (Grupo Corporativo GS S.A.) y Concepto y Espacios S.A.
El caso, según la Fiscalía, consistía en que los exfuncionarios de Obras Públicas y de Vivienda le exigían a los empresarios del sector construcción, que tenían contratos adjudicados con el Estado para el periodo mencionado, una coima o porcentaje relacionado con el valor de la obra a cambio de agilizar los trámites administrativos para su ejecución, así como el desembolso de dinero del Estado a favor del respectivo contratista.
El porcentaje de la coima oscilaba entre el 5 % y el 10 % y el encargado de pedirla a los empresarios era el jefe de Contrataciones de Obras Públicas.
La Fiscalía detalló que estos pagos indebidos debían ser depositados a la sociedad anónima “Blue Apple Services”, (persona jurídica) “que a través de cinco cuentas bancarias en tres distintos bancos de la localidad, manejó, aproximadamente, 40 millones”.
