Corte Suprema rechaza recurso del oficialismo contra reforma parlamentaria
La Corte Suprema de Justicia de Panamá rechazó un recurso presentado por el oficialismo que denunciaba la “ilegalidad” de la reforma, impulsada por la oposición, de una comisión parlamentaria encargada de filtrar los nombramientos de altos funcionarios y de investigar al presidente del país.
Medios locales publicaron hoy filtraciones del fallo del magistrado de la Sala Tercera del Supremo, Abel Zamorano, según los cuales rechazó la “advertencia de ilegalidad” interpuesta por diputados del gobernante Partido Panameñista por considerarla extemporánea.
El recurso fue presentado contra la alteración del orden del día en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) que permitió que entrara en la agenda la votación para desmantelar la estratégica Comisión de Credenciales.
Esa votación tuvo lugar el pasado 22 de febrero y con ella la mayoría opositora del Parlamento reconfiguró la comisión y eligió sus nuevos 9 miembros, arrebatándole al oficialismo 2 de los 4 diputados que tenía en esa instancia.
Según filtraciones del fallo de Zamorano publicadas este martes, el acto demandado “fue consumado”, puesto que el día después de haberse alterado la agenda parlamentaria se produjo la votación que aprobó la nueva composición de la Comisión de Credenciales.
“En consecuencia se debe inadmitir la demanda por ese hecho”, indicó el magistrado en su resolución.
Además de la advertencia de ilegalidad, el oficialismo dijo en su momento que presentó otro recurso, esta vez contra la elección de los nuevos miembros de la Comisión.
“Somos respetuosos de la legalidad y aceptamos la decisión de la Corte Suprema de Justicia”, dijo este martes el diputado del gobernante Partido Panameñista Luis Eduardo Quirós, en referencia a la “advertencia de ilegalidad” rechazada.
Sin embargo “todavía falta la decisión frente al Amparo de Garantías Constitucionales” que presentó la bancada de gobierno, añadió Quirós sin dar más detalles.
Cuando el pasado 26 de febrero el magistrado Zamorano admitió a trámite la “advertencia de ilegalidad” ordenó suspender todo lo actuado hasta ese momento en el marco de la reconfiguración de la Comisión, lo que no impidió que la mayoría parlamentaria opositora juramentara a los nuevos miembros de esa instancia el pasado 14 de marzo.
Incluso el pasado 27 de marzo, en una sesión a la que no asistieron los dos diputados del partido de gobierno que quedan en la comisión, sus otros siete miembros rechazaron por improcedentes tres denuncias presentadas por ciudadanos contra el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, y otra contra dos magistrados del Supremo.
“Esta comisión está trabajando y lo está haciendo en derecho y en el entendido que tanto el denunciante como la persona que es denunciada van a recibir un trato justo, en derecho, en los temas que a nosotros nos compete”, afirmó aquel día el nuevo presidente de la Comisión de Credenciales, el diputado Fernando Carrillo, del opositor partido Cambio Democrático (CD), segunda fuerza parlamentaria con 25 de los 71 escaños de la Asamblea.
Carrillo anunció además que después del asueto de Semana Santa la Comisión analizaría 9 denuncias presentadas contra magistrados del Supremo.
La Comisión de Credenciales es la única instancia que por ley puede investigar y juzgar al presidente del país y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de allí que su reforma por parte de la mayoritaria oposición haya sido interpretada por analistas como una demostración de fuerza de cara a los comicios de mayo de 2019.
Ello tras la ruptura de un pacto de gobernabilidad que mantuvieron por poco más de tres años el gobernante Partido Panameñista, con apenas 16 parlamentarios, y el opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), la primera fuerza legislativa con 26 diputados.
La pugna por la Comisión de Credenciales se desató después de que el pasado 30 de enero la mayoría opositora de la Asamblea rechazó la nominación de Ana Lucrecia Tovar y Zuleyka Moore como nuevas magistradas del Supremo, presentada por el presidente Varela.
