Javier Collins Agnew / La Verdad Panamá
El contralor general de la República, Gerardo Solís, en la postrimerías de su mandato enfrenta cuestionamientos significativos sobre su gestión, que hasta algunos críticos la han calificado de nefasta.
Diversos sectores, incluidos altos funcionarios y la ciudadanía, han señalado deficiencias en la fiscalización y transparencia de la Contraloría durante su periodo.
Uno de los temas más controversiales ha sido la demora en la entrega de auditorías claves para el Ministerio Público, ente de investigaciones que se vio obligado a archivar 38 denuncias y solicitar el sobreseimiento de 16 casos por falta de pruebas oportunas. 
Los abogados Luís Fuentes Montenegro y Guillermo Cochez emitieron sus valoraciones, coincidiendo en señalar serias falencias en la fiscalización de los fondos públicos y en la ética institucional de esta entidad clave para el país.
Según Luis Fuentes Montenegro la gestión de Solís fue un periodo muy cuestionado y en donde imperó la selectividad.
Dijo que en términos generales la gestión de Solís fue totalmente insatisfactoria. 
Afirmó que mientras un sector minoritario defiende el trabajo del contralor, la percepción generalizada apunta a una administración parcializada, en la que la fiscalización rigurosa fue aplicada de manera selectiva.
“El contralor actuó con dureza contra sus adversarios, pero fue sumamente complaciente con sus allegados. Esto evidencia un manejo desigual de su responsabilidad de supervisar los fondos públicos”, aseguró Fuentes Montenegro.
El abogado también criticó los movimientos administrativos de última hora realizados por Solís, como los aumentos salariales y cambios en las escalas salariales dentro de la Contraloría, los cuales, según él, estaban diseñados para favorecer a quienes formaron parte de su círculo de confianza.
“Esto es parte de una práctica que refleja el problema de fondo en nuestro país: las críticas a comportamientos antiéticos o irregulares de los funcionarios no tienen consecuencias, porque el sistema judicial no actúa de manera efectiva. Tres años después, la misma sociedad vuelve a aceptar a estas personas en altos cargos”, sentenció Fuentes Montenegro.
Guillermo Cochez: un legado nefasto
Por su parte, el abogado Guillermo Cochez fue más contundente al calificar la gestión de Solís como “nefasta”.
Según Cochez, los cinco años de Solís al frente de la Contraloría no solo estuvieron marcados por una falta de fiscalización, sino que además el contralor se convirtió en un encubridor de las irregularidades.
“Más que un contralor, fue un protector de las vagabunderías que debió supervisar. Permitió que cada quien hiciera lo que quisiera con los recursos públicos, dejando un legado negativo para la administración pública”, manifestó Cochez.
El abogado también denunció la existencia de negocios cuestionables realizados por personas cercanas a Solís dentro de la entidad.
“El contralor deja un mal sabor, no solo por la percepción ciudadana, sino también por los manejos que involucraron a su entorno más cercano”, dijo Cochez.
Incluso recordó que el presidente José Raúl Mulino, cuestionó abiertamente los procedimientos de la Contraloría durante el período de Solís.
Otro punto polémico fue la gestión de fondos descentralizados y los auxilios económicos del Ifarhu, cuyo manejo generó indignación por beneficiar a personas con altos ingresos.
Una de las más polémicas y que es su última jugada fue la implementación de un plan de retiro voluntario para funcionarios de la Contraloría, que ofrecía beneficios económicos específicos. 
El programa otorgaba una semana de salario por cada año de servicio, medida que fue cuestionada por su viabilidad financiera, generando rechazo desde diversos sectores, incluidos incluyendo al presidente de la República.
Tongo bota´o no pone  boleta
Mulino desestimó el plan, argumentando que la Contraloría carece de los recursos necesarios para su implementación. En una conferencia de prensa, usó la expresión popular “Tongo botao no pone boleta” para recalcar que las decisiones del contralor carecen de fundamento y no tienen respaldo económico.
Además, Mulino enfatizó la necesidad de evitar medidas que puedan generar incertidumbre en el sector público, especialmente en un contexto de contención fiscal.
Este episodio marca un final controversial para la gestión de Solís, quien también ha sido objeto de cuestionamientos relacionados con otros manejos administrativos durante su mandato.
El cierre de un ciclo y el desafío del nuevo gobierno
Ambos abogados coinciden en que la salida de Gerardo Solís plantea un desafío para el gobierno entrante, que deberá lidiar con las secuelas de una administración marcada por la desconfianza ciudadana y las denuncias de irregularidades.
Mientras la Contraloría General de la República enfrenta cuestionamientos, la sociedad panameña exige mayor transparencia y un sistema judicial que castigue las faltas éticas y los actos ilegales de los funcionarios públicos. El reto no solo recae en las nuevas autoridades de esta entidad, sino también en la construcción de un sistema institucional que recupere la confianza perdida.