Declaración de bienes patrimoniales pretende que los fallos correspondan a la valoración de las pruebas y no a pago de sobornos
Wendy Guevara / La Verdad Panamá
El intento de extender la declaración de bienes patrimoniales de los funcionarios judiciales a servidores públicos de menor jerarquía y no solo a jueces, magistrados o fiscales, es una situación que debe evaluarse y analizarse, manifestó a La Verdad Panamá, el exfiscal antidrogas y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Abel Almengor.
La serie de medidas que se están tomando a nivel del órgano judicial están dirigidas a la búsqueda de transparencia, principalmente garantizar que los fallos dados por los jueces, correspondan a la correcta valoración de las pruebas y no a los pagos de sobornos, por lo tanto, está resolución busca en cierta medida evidenciar estás acciones, expresó Almengor
Para el exfiscal, la declaración de bienes patrimoniales de los funcionarios judiciales es una herramienta que pretende mantener el control del patrimonio que tiene el funcionario ,no obstante, considera que no es un método novedoso.
Almengor expresa que estas herramientas y acuerdos son consensuados por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, tomando estas decisiones con relación al manejo de los jueces y las acciones que estos realizan, asimismo declara, estar de acuerdo con la aplicación de dicha medida a funcionarios con altos rangos de mando y jurisdicción. Advirtió que extender está resolución a funcionarios de menor jerarquía debe ser evaluado, ya que a su juicio, esto no está plenamente regulado en la ley.
Ante la posibilidad de que esta herramienta sirva como método de persecución contra funcionarios; José Abel Almengor refirió el actual debate sobre la ley de extinción de dominio, señalando que ninguna de estas herramientas son aplicadas de manera directa en contra de funcionarios públicos y en caso de existir un señalamiento, la denominada “carga de la prueba” va a demostrar que tal persona no ha obtenido dinero de manera lícita, por el contrario, si los señalamientos son falsos y pueden certificar que los bienes son obtenidos lícitamente, no debe existir ningún problema, aseguró.
El exmagistrado considera que deben existir protocolos estrictos en la selección no solo de jueces y magistrados sino también en el reclutamiento de funcionarios de la Policía Nacional desde los niveles de rangos más bajos.
El Sistema Penal Acusatorio también recibió sus dardos, cuando expresó que el reclutamiento de personal se hizo de manera precipitada. Debe valorarse si los nombramientos realizados responden a criterios técnicos, jurídicos y a la experiencia que tengan estas personas para desarrollar estos cargos.
Para el abogado Ramiro Guerra, resulta fundamental proveer de controles para frenar la corrupción. El Órgano Judicial siempre ha estado en el ojo de la tormenta con temas relacionados con la corrupción; solo recordemos el informe del magistrado Arnulfo Arjona o de Camilo Pérez.
“La declaración de bienes es importante. Con cuánto entras y con cuánto sales; ahora bien, no es suficiente”.
Para Ramiro Guerra pudieran existir mecanismos dirigidos a neutralizar el control; como el presta nombre que recibe dineros que les son acreditados. Sin embargo es un buen inicio.