Defensoría advierte violación del derecho a la vida tras muerte de reclusa en cárcel de mujeres
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
La Defensoría del Pueblo ha declarado una violación del derecho a la vida en el caso de una privada de libertad que falleció en el Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari (CEFERE), tras no recibir el tratamiento médico adecuado para la tuberculosis que padecía.
La institución emitió una resolución en la que concluye que la reclusa sufrió una vulneración a sus derechos a la salud, la vida, la integridad física y la dignidad humana, producto de la negligencia de las autoridades penitenciarias.
La investigación fue iniciada de oficio por la Defensoría del Pueblo, apuntando directamente a la Dirección General del Sistema Penitenciario y a la administración del CEFERE como responsables de la falta de atención médica oportuna y adecuada.
Este hecho reaviva las alarmas sobre las precarias condiciones de salud en los centros penitenciarios de Panamá, donde múltiples denuncias han señalado la falta de acceso a medicamentos, personal médico insuficiente y la indiferencia de las autoridades ante el deterioro de la salud de los reclusos.
La Defensoría ha emitido una serie de recomendaciones urgentes al Sistema Penitenciario y a la administración del CEFERE, exigiendo el fortalecimiento del personal de salud dentro de las cárceles y el cumplimiento de los protocolos médicos establecidos en la Resolución No. 082-R-060 de 18 de julio de 2022, emitida por el Ministerio de Gobierno.
Además, ha recordado a las autoridades que su deber es garantizar la vida y la dignidad de las personas privadas de libertad, sin excusas ni dilaciones.
Hasta el momento, las autoridades penitenciarias no han emitido declaraciones sobre el caso que al parecer pudo haberse evitado con un tratamiento médico oportuno en favor de la reclusa.
La Defensoría del Pueblo ha advertido que hará público el contenido de sus investigaciones y resoluciones, conforme a lo establecido en el Artículo 35 de la Ley 7 de 1997, con el fin de evidenciar las irregularidades y presionar por cambios urgentes en el sistema penitenciario panameño.
Este caso pone nuevamente en el ojo del huracán la crisis humanitaria en las cárceles de Panamá, donde el hacinamiento, la falta de atención médica y la indiferencia estatal siguen cobrando vidas.