Demandas y reacciones en contra de la Antai sigue generando la cuestionada multa impuesta a La Verdad Panamá

La polémica y cuestionada multa impuesta por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), a La Verdad Panamá sigue generando voces contrarias a la decisión y hasta se presentó una denuncia administrativa que pide se investigue la actuación de funcionarios de esa entidad del estado contra el medio informativo.

El abogado Moisés Bartlett dijo que la medida de la Antai es un claro y directo ataque a la libertad de expresión, ya que la publicación no exhibe información privilegiada de confidencialidad.

Destacó el jurista que toda norma que limite el derecho a información, que debe ser el bien jurídico socialmente supra tutelado, y la libertad de expresión, debe ser objeto de constante revisión y modernización conforme a la evolución social.

Sostuvo que hace siglos la verdad política y religiosa pertenecía a sectores exclusivos y excluyentes, pero la sociedad moderna, la educación, los medios de comunicación y la inmediatez que brindan las redes sociales, han transformado la sociedad en sistemas comunicativos y participativos eficaces, el conocimiento y la información se esparce y le pertenece a todos.

Según Bartlett, cada día resulta más exigente la revisión y actualización de normas que garanticen el derecho a la información, la libertad de expresión y su diversidad, para el desarrollo democrático.

“La Antai en el afán de proteger un bien individual, erró, porque los datos personales también tienen límites, específicamente, cuanto el contenido de dichos datos reposa y circula en base de datos oficiales o públicas”, sostuvo Bartlett.

Dijo que el país llegará al extremo de que ninguna información relacionada a personas naturales, puede ser objeto de información y noticias, lo que es “una muy cómoda y egoísta interpretación del sagrado derecho a la información”, añadió el jurista.

En tanto el letrado Ángel Calderón  dijo que exceder ese poder que otorga la ley y realizar una interpretación errónea para castigar a un medio o al periodista no es más que un atentado contra la libre expresión consagrado en convenios y tratados de derechos humanos como una garantía fundamental.

Calderón sostuvo que debe hilarse delgado en este tema para poder diferenciar cuando estamos realmente ante una noticia y cuando es difamación, insultos o solo enlodar por pasatiempo o personal.

“La autoridad nominadora debe enmendar… y por ende, debe corregir y levantar la sanción porque no es el espíritu de la norma sancionar por sancionar. Creo en esta se equivocaron, pero por suerte puede recurrirse a otras instancias”, agregó.

El tema de la sanción a La Verdad Panamá no se ha quedado solamente en reacciones de periodistas y abogados, sino también se presentó una denuncia administrativa ante la Procuraduría de la Administración para que se investigue lo actuado por funcionarios de la Antai.

El abogado Ernesto Cedeño Alvarado pidió examinar la conducta oficial de los funcionarios de la Antai tras la sanción de mil dólares (1,000.00) al periódico La Verdad Panamá por supuestamente incumplir con la Ley No. 81 de 26 de marzo de 2019.

Cedeño en su denuncia sostiene que la Antai, está censurando la libertad de información y mal interpretando la ley de Protección de Datos Personales.

Destacó que en el artículo 3 de la Ley No. 81 de 26 de marzo de 2019, el trabajo de los medios comunicación social, no está incluido en la ley en cuestión, por las normativas supra legales que posibilitan el desarrollo del periodismo, no obstante, la Antai lo ignoró.

El Artículo 3 exceptúa del ámbito de esa ley aquellos tratamientos que expresamente se encuentren regulados por leyes especiales o por las normativas que las desarrollen, argumentó en la denuncia.

“Debe quedar claro que solo hay una forma en que debiera ejercerse el periodismo en Panamá y es en absoluta libertad. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, sobre el tema dijo: “el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento”, recordó Cedeño.

En el documento el abogado pide que se les exija una rendición de cuentas, a los funcionarios de la Antai sobre el “suceso de marras” y que le presenten ante su despacho, el expediente atinente al proceso sancionatorio para su evaluación y se sirva su despacho en instruir a los funcionarios del ente público denunciado a que cumplan su función, honrando el bloque de la constitucionalidad, en favor de periodismo libre en democracia.