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Denuncian ante el Ministerio Público red de corrupción enquistada en la Autoridad Nacional Aduanas

Javier Collins Agnew / La Verdad Panamá

El Frente Nacional contra la Corrupción reveló la existencia de una supuesta investigación que adelanta el Ministerio Público y que busca desentrañar una red de corrupción, que tiene entre sus principales actores altos funcionarios de la Autoridad Nacional de Aduanas.

El presidente de la agrupación, Enrique Montenegro reveló que en el despacho de esa agencia de instrucción pública reposa abundante información en la que se detalla las ilegales prácticas perpetradas por los servidores aduaneros.

Montenegro denunció el cobro de coimas, de $25.00 (Veinticinco dólares) por caja a las empresas encargadas de la venta y la reexportación de artículos como tabaco, licor y perfumes desde la Zona Libre de Colón.

El dirigente estima que estas actuaciones delictivas de los funcionarios, con la supuesta complicidad de la actual directora de Aduanas, Tayra Barsallo, representan entre 100 mil y 150 mil dólares cobrados a los clientes por cada embarque.

“Solamente a dos de las 18 compañías que se dedican a la actividad de venta y reexportación de artículos como tabaco, licor y perfumes le ha representado un desembolso de cerca de $13. millones durante los cuatros años y medio de la actual administración de Aduanas”, dijo Montenegro.

Basado en la recopilación de la información documental y testimonial, el Secretario General del citado Frente,  señaló que entre los cabecillas de esta red de corrupción se identifica a un funcionario del Despacho Superior en la Autoridad Nacional de Aduanas, dice Montenegro.

El dirigente también cita a los responsables de la Dirección de Fiscalización Aduanera (Defa) y el de la Zona Norte, Colón.

Montenegro en su denuncia, le pide a la Procuraduría que adelante su investigación enfocada en la perpetración de al menos media docena de delitos entre los que figuran asociación ilícita, encubrimiento, corrupción de servidores públicos, tráfico de influencia, abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos.