Javier Collins Agnew  / La Verdad Panamá 
En las últimas semanas, la situación de despidos en la Agencia Panamá Pacífico ha sacudido a varios empleados que, pese a estar amparados por leyes especiales de protección laboral, han sido desvinculados de sus puestos de trabajo.
Una persona con discapacidad, una mujer que padece una enfermedad crónica y una madre que cuida a una hija con discapacidad, exfuncionarias que enfrentan no solo la pérdida de su empleo, sino también una lucha constante por sus derechos en un sistema que, en ocasiones, parece no reconocer sus necesidades especiales.
A pesar de contar con protecciones legales, estas tres funcionarias fueron despedidos en circunstancias que ponen en duda el respeto por los derechos humanos y laborales en el sector público.
Felicidad Góndola: entre la epilepsia y la incertidumbre laboral
Felicidad Góndola, de 52 años, es una trabajadora que, durante años, desempeñó diversas funciones en la agencia Panamá Pacífico.
Ingresó como asistente del secretario general en 2017, pero a lo largo de los años fue trasladada repetidas veces a distintos puestos, muchos de ellos sin funciones claras.
A pesar de sufrir de  epilepsia, presión alta, diabetes y trastornos de ansiedad, Felicidad asegura que cumplió con todas sus asignaciones. Sin  embargo, el 17 de octubre fue destituida de su cargo, a pesar de estar protegida por las leyes laborales que amparan a las personas con discapacidad.
“Mi documentación está debidamente en la oficina de Recursos Humanos, donde consta que padezco epilepsia”, afirma Góndola, quien asegura que la epilepsia, una enfermedad crónica que requiere medicación constante, ha sido reconocida por la Comisión de Secretaria Nacional de Discapacidad (Senadis).
Felicidad denuncia que, tras su despido, le han solicitado documentación adicional, como una certificación del Ministerio de Salud y una evaluación interdisciplinaria, trámites que considera innecesarios dado que ya ha presentado pruebas suficientes de su discapacidad.
“No tengo miedo, siempre he trabajado bien”, comenta, aunque admite que el proceso ha reactivado sus problemas de ansiedad, afectando su salud mental y su estabilidad emocional.
Dayra González: la vulnerabilidad de los enfermos crónicos
Dayra González es analista financiera y, aunque su puesto no era de libre nombramiento ni remoción, fue desvinculada a pesar de estar protegida por la ley que ampara a los funcionarios con enfermedades crónicas.
Padece hipertensión crónica, una condición que ha sido debidamente documentada por médicos idóneos.
A pesar de las certificaciones médicas que presentó a Recursos Humanos, su despido ocurrió sin que se tomaran en cuenta sus condiciones de salud.
“Ellos me botaron y se mantienen en silencio administrativo, no me han respondido ni explicado nada”, asegura González, quien interpuso una reconsideración que aún está en proceso.
Durante los cinco años que trabajó en Panamá Pacífico, Dayra enfrentó dificultades de salud que, según afirma, se agravaron durante su tiempo en la agencia.
“Prácticamente adquirí mi enfermedad allí”, comenta. Su situación actual es aún más precaria, ya que no tiene acceso ni a la seguridad social pública ni a la atención médica privada, debido a los altos costos que esta última implica.
Cristina Díaz: el dolor de una madre que lucha por su hija
Cristina Díaz es madre de una niña de 14 años que presenta una discapacidad mental certificada. A pesar de estar protegida por la ley que ampara a familiares de personas con discapacidad, fue despedida de su puesto en Panamá Pacífico bajo el argumento de que no era persona de confianza.
Díaz asegura que toda la documentación sobre la condición de su hija, incluidas citas médicas y diagnósticos, fue presentada a Recursos Humanos, sin embargo, su despido se efectuó sin tomar en cuenta las leyes de protección.
“Puse una queja en la Defensoría del Pueblo, pero solo me dijeron que debían esperar una respuesta de la agencia”, explica.
El despido no solo afectó su estabilidad económica, sino también su salud emocional. “Uno sabe que tiene derechos, pero luchar se vuelve agotador”, confiesa.
A pesar de la frustración y el maltrato psicológico que asegura haber sufrido, Cristina sigue adelante, aunque admite que el proceso ha sido extenuante.
La lucha por el derecho al trabajo digno
Los casos de Felicidad Góndola, Dayra González y Cristina Díaz evidencian las dificultades que enfrentan los trabajadores vulnerables para hacer valer sus derechos.
A pesar de las leyes que los protegen, la realidad muestra que las decisiones administrativas a menudo ignoran las circunstancias personales y médicas de los empleados.
Estos casos reflejan el impacto de los despidos en la vida de personas que ya enfrentan grandes desafíos, tanto en su salud como en su vida familiar.
La lucha de estas mujeres por recuperar sus empleos continúa, mientras buscan el apoyo de entidades como la Defensoría del Pueblo y confían en que, en algún momento, se hará justicia.
Según la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep), en lo que va del gobierno se han producido más de 20,000 despidos de funcionarios.