Dice la Contraloría que detectó más de 60 casos de uso indebido de vehículos estatales durante Semana Santa
Durante el operativo nacional de fiscalización vehicular realizado en Semana Santa, la Contraloría General de la República detectó 62 irregularidades relacionadas con el uso de vehículos oficiales. De los 516 vehículos inspeccionados, 454 cumplían con las disposiciones vigentes, mientras que 62 presentaron distintos tipos de incumplimientos.
Entre las principales irregularidades detectadas se encuentran la ausencia de salvoconducto, transporte de personas no autorizadas, placas vencidas y vehículos estacionados en zonas prohibidas o inapropiadas.
Como resultado del operativo, 11 vehículos fueron retenidos, pertenecientes principalmente a juntas comunales ubicadas en el interior del país, específicamente en las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y la región de Azuero. Además, la Policía Nacional impuso 51 boletas por otras infracciones, aunque los vehículos involucrados no fueron retenidos.
El operativo se desarrolló en dos fases, los días jueves 17 y domingo 20 de abril, con la participación de 142 fiscalizadores desplegados en 26 puntos fijos a lo largo del territorio nacional, en coordinación con unidades de la Policía Nacional.
Luis De León, jefe del Departamento de Placas del Estado de la Dirección de Fiscalización de la Contraloría, destacó la importancia de estas acciones: «Nuestro deber es asegurar que los bienes del Estado se utilicen adecuadamente. Este operativo nos permite verificar que se cumplan las normativas vigentes», señaló.
El objetivo principal del operativo fue garantizar que los vehículos del Estado fueran utilizados exclusivamente para funciones oficiales, en cumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 124 de 1996 y su modificación mediante el Decreto Ejecutivo No. 167 de 2021.
De acuerdo con la normativa vigente, los vehículos oficiales deben portar placa actualizada, copia del Registro Único de Propiedad Vehicular, revisada vehicular vigente y póliza de seguro correspondiente. Además, fuera del horario laboral, su circulación debe estar respaldada por un salvoconducto debidamente autorizado.
Las sanciones por incumplimiento incluyen multas de B/. 200 para los conductores, B/. 300 para los jefes de transporte, y en caso de reincidencia, B/. 500 y destitución del cargo para los directores administrativos, conforme a lo establecido en el artículo 8 del decreto.