Javier Collins Agnew / La Verdad Panamá
El presidente de la Federación de Arroceros, Gabriel Arauz, denunció la posible ilegalidad de la reciente importación de 1.7 millones de quintales de arroz que ingresaron al país, operación que no fue aprobada por la Cadena Agroalimentaria, tal como afirma el Consejo de Gabinete.
Arauz explicó que, aunque el Consejo de Gabinete aprobó la importación y publicó la resolución en la Gaceta Oficial, la cadena agroalimentaria del arroz no alcanzó el consenso necesario para validar dicha operación.
“De los 12 miembros que participaron en la reunión, tres no estuvieron de acuerdo, por lo que no se llegó a ningún acuerdo para la importación”, señaló Arauz.
Sostuvo que lo que dice el Consejo de Gabinete “no es cierto” y que además la decisión de traer el arroz se hizo amparada en los acuerdos con la Organización Mundial del Comercio (OMC), beneficiando exclusivamente a la industria molinera.
El dirigente enfatizó que, de acuerdo con la ley, cualquier importación por desabastecimiento debe ser aprobada por la Cadena Agroalimentaria y debe especificar tanto la cantidad como el tiempo de ingreso del producto al país, sin embargo, en este caso, no se respetaron dichos procedimientos.
El dirigente explicó que según la normativa, en casos de desabastecimiento el procedimiento correcto sería activar el Tratado de Promoción Comercial (TPC) con los Estados Unidos, lo que hubiera permitido una subasta pública abierta no solo a los molineros, sino también a otros importadores.
“El arroz debió traerse invocando el TPC, pero lo hicieron bajo el acuerdo de la OMC para beneficiar a los molineros y excluir a otros participantes”, criticó Arauz.
Además, aseguró que, de no haber sido una importación por desabastecimiento aprobada por la cadena agroalimentaria, se debió haber gravado un arancel de 60 por ciento, pero se aplicó solamente un arancel del 3%, lo que, según Arauz, implica un ahorro de millones de dólares en favor de la industria molinera.
Arauz detalló que la reunión de la cadena agroalimentaria, celebrada en Santiago de Veraguas el año pasado, fue irregular, pues tuvo lugar en medio de un fuerte contingente policial y bajo circunstancias que generaron controversia.
“Nos sacaron de un salón grande y nos metieron en el despacho del ministro, lleno de policías”, relató, poniendo en duda la transparencia de todo el proceso.
El dirigente reiteró que, en su opinión, no existe ningún acta firmada que avale la importación por parte de la cadena agroalimentaria, lo que añade más dudas sobre la legalidad de la operación. “Conozco con detalles todo lo que ocurrió en esa reunión porque me correspondió presidirla”, señaló Arauz.
El empresario arrocero hizo un llamado a la transparencia en las decisiones gubernamentales relacionadas con la importación de productos agrícolas.
“Nunca se dio el acuerdo de competitividad para aprobar esa importación”, pero a pesar de ello el Consejo de Gabinete del gobierno pasado publicó en la Gaceta Oficial que la importación había sido consensuada por la cadena y que esta debía completarse antes del 30 de junio, último día del mandato del gobierno PRD en el poder.