Editorial / Octubre

La  aterradora  experiencia  de  las inundaciones que  arrasaron  con los  sueños y el patrimonio  de  muchos  panameños  en  Samaria, Distrito  de  San Miguelito  y que igualmente golpearon  a   residentes  de  Condado  del  Rey, activa  las alertas  sobre  los permisos de construcción  y los estudios  de  impacto ambiental.

Ha  quedado en evidencia la responsabilidad  culposa  de  autoridades, las cuales, en contubernio  con las grandes  empresas  constructoras, desafían  las leyes  e  incumplen  con procedimientos  elementales  que atentan contra  el  medio  ambiente.

Lo  ocurrido  exige  una  investigación  profunda  con  secuelas en el área  penal, porque  los daños  y perjuicios  -afortunadamente  no hubo  víctimas fatales-   merece  castigo y  debe servir de escarmiento  para evitar  situaciones semejantes  en el  futuro inmediato.

Preocupa  mucho  el crecimiento desproporcionado en Panamá  Oeste, donde  existe  una “hemorragia”  de  barriadas, sin planificación, con estudios  de  impactos ambientales  dudosos  y  sin una  adecuada  estructura  de  servicios  públicos. La venta  desmedida y la manipulación  que  hace  presa  de  familias  necesitadas  de  una vivienda  digna, los  conduce  en ocasiones  a tomar la peor  decisión; pues, nada  de  lo que le prometieron  en  la  pre venta, se cristaliza  cuando reciben  la llave  de su  casa.

Las  autoridades  pertinentes  deben  enfocarse  más  en  la protección de  sus ciudadanos  que buscan mejorar  su  condición   de vida, que, darle  prioridad  al negocio  salvaje  de construcción de viviendas  en áreas no propicias  y  que  eventualmente  pueden convertirse  en  su trampa de  muerte.