El Gabinete debe recuperar la confianza del país y aceptar los errores cometidos, señala Centro de Estudios de Políticas Progresistas
El 28 de noviembre quedará marcado en la historia de Panamá como el día en que la Corte Suprema declaró inconstitucional el Contrato-Ley 406, gracias al voto unánime de los nueve magistrados. La decisión, esperada con ansias por la ciudadanía, refleja la responsabilidad de la justicia panameña en salvaguardar la Carta Magna del país, expresó en un comunicado el Centro de Estudios de Políticas Progresistas.
Indican que el gobierno tiene la responsabilidad de aprobar un presupuesto real y austero, mostrando receptividad a las demandas populares. La transición democrática requerirá un gabinete que recupere la confianza del país y demuestre humildad aceptando errores cometidos.
La crisis vivida exige no solo soluciones inmediatas, sino la construcción de una nueva institucionalidad con mayor participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas. La agenda nacional debe abordar la igualdad de oportunidades, respeto a la diversidad y la atención a las demandas de los pueblos originarios.
Manifiesta el Centro de Estudios de Políticas Progresistas que la victoria no solo es jurídica, sino también un triunfo de la participación activa de la sociedad. Ciudadanos, organizaciones sociales, gremios profesionales y la vibrante juventud, cuya presencia en las movilizaciones demostró que la lucha soberana sigue siendo parte del ADN panameño, se unieron para defender el medio ambiente y la soberanía del país.
Destacan las reiteradas ocasiones en que el gobierno ignoró las exhortaciones de líderes opositores a la minería a cielo abierto y los estudios que indicaban la necesidad de un cambio radical priorizando el medio ambiente. La movilización de rechazo al Contrato-Ley contó con la destacada participación de diversos actores de la sociedad, evidenciando la diversidad de actores comprometidos con la causa. El fallo de la corte marca el comienzo de una etapa donde los jóvenes desean ser partícipes activos en la construcción de un nuevo modelo de país.
El futuro de Panamá debe realizarse aprovechando el marco democrático, siendo un escenario para construir la democracia participativa que el país necesita. La coyuntura nos insta a debatir sobre el Panamá que queremos, transitando de la democracia deliberativa a una verdadera democracia participativa. Los cambios constitucionales son urgentes para superar la restricción de la participación ciudadana y transformar los partidos políticos en vehículos efectivos para representar a la sociedad.
Para concluir reflexionan con el hecho de que el Panamá que necesitamos, es dejando atrás la corrupción, la exclusión y construyendo un país con desarrollo sostenible.