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El Supremo paquistaní dictamina que la inhabilitación de Sharif es perpetua

El Tribunal Supremo paquistaní dictaminó hoy que la inhabilitación del ex primer ministro Nawaz Sharif es perpetua, al considerar que el artículo de la Constitución en el que se basó la sentencia contra el político establece la prohibición de participar en política de por vida.

Los cinco jueces del tribunal decidieron unánimemente que las inhabilitaciones basadas en el artículo 62 de la Constitución que establece que los políticos deben ser “honestos” es de por vida, en respuesta a casos presentados por Sharif y otros políticos, informó una fuente del Supremo que prefirió mantener el anonimato.

Sharif fue inhabilitado como primer ministro en julio de 2017 por no incluir en su declaración de ingresos un salario que ya no recibía de una empresa de un hijo, algo que el Supremo consideró que vulneraba la ley.

Desde la inhabilitación del líder de la gobernante Liga Musulmana de Pakistán (PML-N), se ha debatido en el país asiático la duración de la incapacitación ya que el artículo 62 no establece un periodo concreto.

La ministra de Información, Marryum Aurangzeb, criticó duramente la decisión del tribunal y la calificó de “chiste” en declaraciones poco después de conocerse la decisión.

“Este veredicto estaba decidido incluso antes de que comenzase el juicio”, afirmó la ministra ante las cámaras de televisión frente al Supremo.

La decisión del Supremo supone un nuevo golpe para Sharif, después de que a finales de febrero el mismo organismo le prohibiese presidir su partido político por su inhabilitación, dos meses después de que el Parlamento eliminase una cláusula para que pudiese hacerlo.

El PML-N eligió entonces como su presidente a Shahbaz Sharif, hermano de Nawaz y jefe de Gobierno de la provincia del Punyab.

El ex primer ministro, tres de sus hijos y un yerno afrontan tres investigaciones relacionadas con la propiedad de pisos en una exclusiva zona de Londres, la creación de las compañías Azizia Steel y Hill Metal, y una más por la empresa de inversiones Flagship y otras 15 compañías.

Tras seis meses de investigaciones iniciadas a causa de los Papeles de Panamá, la máxima instancia judicial inhabilitó al primer ministro por no incluir en su declaración de ingresos un salario que ya no recibía de una empresa de un hijo en los Emiratos Árabes Unidos, lo que el Supremo consideró como prueba de su falta de “honestidad”.