Javier Collins Agnew / La Verdad Panamá 
En medio del clima de tensión que vive el país por el llamado a paro nacional contra las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS), el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Gabriel Diez, y la presidenta de la Federación de Cámaras (Fedecámaras), Alicia Jiménez, alzaron sus voces para pedir sensatez y enfocarse en construir soluciones.
«La ley ya es un hecho y toca convivir con ella»
Gabriel Diez recordó que las reformas a la CSS ya son ley de la República y aunque reconoce que no es perfecta, considera que es un paso adelante para resolver problemas acumulados por años.
«Entendemos que hay diferencias de criterio, pero lo importante es que esta ley da oportunidades de mejora», afirmó.
Diez insistió en la necesidad de divulgar mejor la norma y aclarar conceptos, como la tasa de reemplazo, que según él ha sido tergiversada. «Hay mucha desinformación y mucha mentira en la calle. La población debe conocer qué es lo que realmente dice la ley y cuáles son sus beneficios», destacó.
Entre esos beneficios, Diez mencionó el incremento de la pensión mínima, aunque reconoció que aún no es suficiente para todos los ciudadanos.
El problema de las «botellas» en la CSS
El presidente del CONEP resaltó otro aspecto que considera positivo en la ley: la posibilidad de despedir a funcionarios que no rinden o no cumplen con sus obligaciones, lo que anteriormente no se podía hacer.
«El propio director de la CSS ha dicho que hay al menos mil botellas en la institución. Esos recursos deben redirigirse para mejorar la atención médica a la población. El gran reto del director es poner orden y devolverle a la población un servicio de salud digno», subrayó.
Asimismo, Diez indicó que la verdadera solución a largo plazo para la crisis de la CSS es la generación de empleo formal. «Mientras tengamos la mitad de la población en la informalidad y una tasa de desempleo, no habrá suficientes contribuyentes al sistema. La clave está en crear empleos», reiteró.
Sobre las críticas sindicales acerca del desvío de cuotas por parte de algunos empresarios, Diez fue claro: «Quien incumple la ley debe recibir todo el peso de la ley. El sector empleador no defiende a nadie que actúe fuera de la legalidad. Pero no podemos legislar ni debatir basados en las malas prácticas de una minoría».
Respecto al llamado a paro, el líder empresarial calificó la huelga como «totalmente innecesaria» y alertó que el mayor daño no es económico, sino social. «Un paro afecta la educación, la salud, y el día a día de la gente humilde.
«¿Cuánto vale una vida que se pierde porque una ambulancia no puede llegar a tiempo al hospital? ¿Cuánto cuesta un día sin clases para un niño? Eso no tiene precio», advirtió.
Fedecámaras: «Es pueblo contra pueblo»
Por su parte, Alicia Jiménez, presidenta de Fedecámaras, lamentó que la paralización afecte de manera directa a los sectores más vulnerables.
«Primero que nada, el sector educativo se ve afectado, justo cuando los estudiantes inician sus clases», comentó.
Jiménez también alertó sobre el impacto negativo en la economía, especialmente en los micro y pequeños negocios que dependen de la libre circulación de las personas.
«Se pierde liquidez y eso es irrecuperable. En pocas palabras: esto es pueblo contra pueblo», expresó.
La presidenta de Fedecámaras calculó que las pérdidas económicas ascienden a unos 90 millones de dólares por cada día de paralización.
«Hago un llamado a la cordura y a que todos trabajemos juntos para recuperar el tiempo perdido desde la pandemia hasta hoy. El país no puede seguir retrocediendo», subrayó.
Un llamado al diálogo y al entendimiento
Tanto Gabriel Diez como Alicia Jiménez coincidieron en que el camino es el diálogo y no la confrontación. «Si hay aspectos de la ley que se puedan mejorar, sentémonos a la mesa, revisemos los números y construyamos sobre lo que ya existe», exhortó Diez.
Jiménez, por su parte, pidió a los líderes sindicales y sociales pensar en el país y evitar medidas que afecten a la población más necesitada.
Mientras tanto, los sectores productivos del país siguen atentos a la evolución de la situación, preocupados por el impacto que las protestas puedan tener en la economía, la educación y la estabilidad social de Panamá.