Escándalo en la Autoridad del Canal de Panamá: despiden a trabajadores por supuesta falsificación de trámites de pensiones alimenticias
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
La Autoridad del Canal de Panamá (ACP), una de las instituciones más emblemáticas del país, penfrenta severas críticas y cuestionamientos tras el despido masivo de medio centenar de trabajadores, a quienes la administración acusa de participar en supuestos actos de falsificación vinculados a trámites de pensiones alimenticias.
Los trabajadores afectados señalan que la ACP está cometiendo un grave abuso de autoridad, atropellando derechos laborales y humanos sin pruebas contundentes.
Christian Villalba, uno de los trabajadores despedidos con 23 años de servicio intachable, rompió el silencio y expuso la situación que enfrenta junto a decenas de sus compañeros.
“Nos acusan de falsificadores cuando lo único que hicimos fue usar un tramitador, una práctica común y legal, para que a través de la Casa de Paz de Cerro Silvestre, Distrito de Arraiján, se estableciera una pensión alimenticia a favor de mi padre enfermo, cumpliendo con mis responsabilidades”, denunció.
La historia es alarmante, ya que el tramitador contratado por los trabajadores, resultó ser funcionario de la Casa de Paz de Cerro Silvestre, distrito de Arraiján.
Trás la denuncia por falsificación presentada hace más de dos años, la ACP decidió sancionar preventivamente a sus trabajadores, sin que existiera una investigación concluida, ni acusación formal del Ministerio Público.
“Ninguno de nosotros ha sido llamado a declarar, ni tenemos señalamientos formales, pero la ACP decidió condenarnos públicamente, pasándose por encima del debido proceso y nuestra presunción de inocencia”, reclamó.
La decisión de la ACP, lejos de proteger la institucionalidad, levanta serias sospechas sobre la existencia de un plan según Villalba, porque los trámites de pensiones, que presuntamente tenían irregularidades, fueron autorizados por el propio departamento de Planilla de la ACP. “¿Por qué Planilla permitió esos trámites si ya había investigaciones abiertas?
Peor aún, los trabajadores despedidos fueron señalados públicamente como criminales y deshonestos, destruyendo su reputación y dejándolos sin sustento.
“Después de 23 años de servicio, me dejaron en la calle, sin indemnización, sin derecho a defensa. Solo me pagaron las vacaciones. No les importó que mi padre y mi madre estén enfermos, ni que siempre cumplí con mis obligaciones financieras.
La ACP nos acusó y nos destituyó como si fuéramos delincuentes, cuando no tenemos ningún proceso penal abierto”, afirmó Villalba visiblemente indignado.
La ACP, al parecer, no solo violó derechos laborales básicos, sino que también pasó por alto el principio constitucional de inocencia.
La carta de apelación presentada por los trabajadores fue rechazada en tiempo récord, sin la menor disposición a revisar el casom
Villalba también advirtió que la administración de la ACP se ha blindado tras su ley orgánica, que le permite actuar como “un país dentro de otro país”, ignorando el Código de Trabajo y las normas que protegen al trabajador panameño.
“Hoy soy yo y 50 compañeros más, mañana pueden ser cientos. La ACP ha demostrado que puede acabar con la vida laboral de cualquier persona sin siquiera presentar pruebas. Esta es la peor arbitrariedad que he vivido”, lamentó.
El grupo afectado ya prepara una querella ante la Procuraduría de la Administración por abuso de autoridad, y una denuncia formal ante el Ministerio Público por la destitución masiva sin fundamento. Además, solicitarán la intervención de la Corte Suprema de Justicia para que se revisen las actuaciones de la ACP, que, según ellos, está violando derechos humanos y laborales de forma flagrante.
“Lo que la ACP está haciendo no es solo una injusticia, es una vergüenza nacional. Nos dejaron sin sustento por una acusación sin pruebas, mientras ellos siguen operando como si nada. No es posible que la administración de la ACP siga actuando de forma autoritaria, sin control, sin rendición de cuentas y destruyendo vidas”, sentenció Villalba.
Los trabajadores afectados anunciaron que en los próximos días se organizarán para realizar manifestaciones y denunciar este abuso ante organismos internacionales de derechos laborales.
“Queremos que el mundo sepa lo que la ACP le hace a sus trabajadores. Hoy nos llaman falsificadores, pero los verdaderos farsantes están dentro, ocultando negligencias y atropellando derechos”, dijo.