Gobierno insiste: ministro de Seguridad presenta proyecto de extinción de dominio en la Asamblea
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
El proyecto de Extinción de Dominio, un producto embrionario que murió en manos de la Asamblea Nacional, antes de ver la luz, volvió a ser engendrado por el Ministerio de Seguridad este lunes 14 de agosto, bajo el mismo concepto de perseguir el crimen organizado.
El documento en su exposición de motivos dice que el país observa con profundo desasosiego la expansión, cada día más inquietante, de las diversas formas de delincuencia organizada, con presencia en el ámbito nacional, con sus conexiones transfronterizas.
Argumenta que la delincuencia organizada eleva, día a día, su capacidad operativa y de resistencia a los brazos de la ley, dejando tras de sí una macula social que llega a generar la percepción de que sus actividades, negocios y productos parecen respaldados por el Estado.
“La delincuencia organizada se vale del poder de las economías ilícitas para disfrazar sus operaciones y legitimar capitales que permean la economía nacional, debilitan el poder de la autoridad, socavan la institucionalidad democrática, incrementan la violencia y reducen las expectativas de desarrollo social, contribuyendo al empobrecimiento de los fundamentos morales de la Nación panameña”, sostiene el documento.
Destaca que las autoridades han hecho ingentes esfuerzos en materia legislativa, dotando a la administración de justicia de las herramientas jurídicas necesarias, para combatir la delincuencia organizada y han puesto en marcha políticas de seguridad que permiten el fortalecimiento de la capacidad operativa de los organismos de justicia, investigación policial e inteligencia financiera.
Según las autoridades, la extinción de dominio, es una iniciativa legislativa enfocada en potenciar las capacidades de las entidades públicas encargadas de la preservación del orden público, que le permitan enfrentar con mayor eficacia el poder de la delincuencia organizada, así como debilitar sus capitales, estructuras y evitar su expansionismo, considerando el perjuicio que representan para la seguridad de la población y la amenaza que subyace en sus actos contra la estabilidad del orden social, económico nacional e internacional.
La nueva norma que empezará a discutirse recae sobre bienes de origen y destinación llícita, y constituye un instrumento jurídico para hacer frente al poderío de las organizaciones criminales que desafían abiertamente a las entidades del Estado y que amenazan la convivencia pacifica, valiéndose del producto de sus actividades ilícitas.
La delincuencia organizada, es un fenómeno global que demanda la aplicación de medidas de cooperación internacional de los sistemas judiciales, organismos policiales y de investigación para la identificación, ubicación, localización y recuperación de activos ilícitos, sostiene el documento.
El proyecto es una recomendación de las Naciones Unidas, adaptado a Panamá, ante la firme convicción de que los Estados miembros adopten medidas para el combate efectivo contra el flagelo y las secuelas de la delincuencia organizada; razón por la cual se ha adoptado la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, aprobada por la República de Panamá, a través de la Ley 23 de 7 de julio de 2004 (Gaceta Oficial No.25,095).
Con esta ley se crea la Jurisdicción Especializada de Extinción de Dominio, la cual estará adscrita al Órgano Judicial, integrada por un Tribunal de Apelaciones de Extinción de Dominio y los Juzgados de Extinción de Dominio, cuyos jueces serán nombrados de acuerdo a la Carrera Judicial. Por su parte, la Fiscalía de Extinción de Dominio tendrá a su cargo el ejercicio de la acción pública de extinción de dominio.