Gobierno no debe aceptar arbitraje internacional promovido por empresa minera
Javier Collins Agnew / La Verdad Panamá
El gobierno no debe aceptar un arbitraje internacional con la empresa Minera Panamá, ni ceder a sus presiones que buscan mantenerse en el país y lograr un nuevo contrato con el Estado, a pesar de los delitos ecológicos y violaciones que ha cometido.
El abogado Donaldo Sousa un firme opositor a las minas de cielo abierto dijo que el gobierno tiene la potestad de aceptar o no irse a un arbitraje con la transnacional canadiense.
Según Sousa, la propuesta de arbitraje es una estrategia de la compañía para prolongar su estadía en Panamá y seguir obteniendo grandes sumas de dinero a costa de los recursos minerales que le pertenecen a todos los panameños.
Explicó que durante el proceso de arbitraje la empresa dejará de pagar al Estado el 2 por ciento de las ganancias, una cifra millonaria que no entrará a las arcas estatales.
“Todo eso no es más que una medida para prolongar su presencia en Panamá, mediante un nuevo contrato, pero definitivamente el gobierno no tiene por qué aceptar un arbitraje y por el contrario debe simplemente aplicar lo que dice la Constitución Nacional”, sostuvo.
Destacó que quien tiene un contrato y no cumple simplemente se le revoca la concesión por violaciones a las leyes de Panamá.
Sousa pidió la creación de una ley prohibiendo la minera a cielo abierto, tal como lo están haciendo todos los países de América Central.
Un arbitraje comercial contra Panamá bajo el contrato de 1997, declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia; y un arbitraje de inversión bajo el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Panamá (TLC), promueve la empresa minera.
El 19 de diciembre de 2022, el Gobierno Nacional, en cumplimiento de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se declaró inconstitucional el contrato de 1997, ordenó a Minera Panamá elaborar un plan para poner en cuido y mantenimiento la mina Cobre Panamá, el cual contempla el cese de operaciones comerciales.
A lo largo de este proceso, el Gobierno de Panamá ha trabajado con asesores legales internacionales y panameños, preparándose para todos los posibles escenarios, con miras a garantizar la defensa de los intereses nacionales y los derechos de los trabajadores de la mina.
La Resolución de la Dirección Nacional de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias que ordena a Minera Panamá a ejecutar un plan de cuido y mantenimiento para la mina de Cobre Panamá se mantiene vigente, y el Gobierno fiscalizará su pleno cumplimiento.